El salario mínimo en las comunas rurales

En los últimos días, la discusión en torno al reajuste del salario mínimo ha suscitado una serie de debates que están lejos de focalizarse en lo relevante. Es cierto que debemos trabajar responsablemente para lograr el acuerdo de aumentar de forma gradual y significativa el sueldo mínimo, pero lo trascendental es ampliar la discusión, considerando tener un impacto mayor en la calidad de vida de los ciudadanos, acortar la brecha de desigualdad y darle más valor al trabajo.

A muchos se les olvida que los criterios económicos son una parte y no el todo, porque para superar la pobreza, las políticas laborales deben considerar una multiplicidad de factores, entre ellos, las diferencias geográficas del país. 

Entre las más variadas y diversas opiniones respecto al tema, ¿alguien se ha cuestionado si un salario mínimo vale lo mismo en Santiago que en Lampa, María Pinto o Talagante?

La pobreza rural está estrechamente vinculada a los serios déficit de trabajo decente en la agricultura, manifestándose en los altos niveles de informalidad laboral de los trabajadores asalariados, el incumplimiento de la normativa laboral y la débil presencia de las instituciones laborales en las comunas rurales. 

Casi todos los países de la región carecen de políticas públicas dirigidas hacia el mercado de trabajo de áreas rurales, lo que refleja un claro sesgo urbano de las políticas gubernamentales, tanto por el desconocimiento de las particularidades de la realidad de las zonas rurales como por la falta de institucionalidad apropiada. 

Si bien es cierto que Chile ha logrado importantes avances en la disminución de brechas en la calidad del empleo del sector, aún persisten grandes diferencias entre lo urbano y lo rural.

Ejemplo de esto es que hay mucho más empleo vulnerable en áreas rurales (56 por ciento), comparado a las áreas urbanas (27 por cierto).

Otra diferencia se encuentra en la tasa de pobreza rural que es de 46,2%, afectando a 6 millones de personas, siendo muy superior a la tasa de pobreza urbana, que no supera el 24%. 

Para superar la pobreza, es perentorio que las políticas laborales lleguen a las zonas rurales.

Aumentar la cobertura de seguridad social, fiscalizar el cumplimiento del salario mínimo, formalizar contratos de trabajo por escrito, fortalecer la inspección laboral y promover las organizaciones de trabajadores y empleadores deben ser políticas consideradas al momento de diseñar y ejecutar planes de desarrollo, considerando la dimensión territorial. 

Descentralizar es entregar a los gobiernos locales las competencias y los recursos para que se puedan hacer cargo de construir mejores oportunidades de trabajo y, en consecuencia, mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos.

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