Errores no forzados

Maximiliano Ríos

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La pandemia no solo ha dejado al descubierto la tremenda desigualdad que existe en la sociedad chilena y los abusos que la conmueven hoy hasta sus cimientos. También ha permitido desnudar la incapacidad de las autoridades de turno para asumir decididamente su función social. En lo central, ha dejado en evidencia las falencias del perfil técnico de las autoridades de Gobierno.

No nos referimos a las decisiones adoptadas en medio de los vaivenes de la pandemia (que obligaron a un cambio de timón en el ministerio de Salud), sino  que a la toma general de decisiones administrativas en todos los escenarios sociales y económicos, que en vez de aligerar los problemas los enredan y retrasan.

En lo que respecta al combate del coronavirus, está claro que por ser una catástrofe inédita para nuestra generación es aceptable la comisión del error. Incluso la manoseada frase “nadie está preparado para un desastre de estas proporciones” tiene aún la justificación que permite lo desconocido; tal como  sucede con las características mutacionales de este virus COVID-19.

Aquí se trata de medir con la vara del tecnicismo administrativo las iniciativas y las consecuencias sociales, que impactan directamente en las personas que aguardan beneficios. Los anuncios se desacreditan casi de modo instantáneo y no están exentos de la maliciosa y tradicional ‘letra chica’, con una evidente lógica retardatoria y burocrática, generando confusión, desorientación y mayor desconfianza.

Por ejemplo, en las últimas dos semanas en el Ejecutivo no se leyeron bien los problemas y urgencias de la ciudadanía con la opción del retiro del 10% de las AFP, sino más bien desorientados, han intentado sacar partido del drama silencioso que afecta a miles de madres, como es el no pago oportuno de las pensiones alimenticias para sus hijos.

Se recurre al control de los futuros pagos del citado dinero para dar cumplimiento a esa vergüenza nacional, pero al tenor de las dificultades que opone la propia Constitución (la misma que el Gobierno del presidente Piñera no quiere cambiar), se ha visto frustrada apenas se planteó esa idea. Por tanto, no fue posible darle curso a esta iniciativa que, publicitadamente, haría justicia entre aquellas familias y tranquilizaría el alma de quienes están sufriendo.

Por otra parte, el Plan Económico para la clase media, con el bono de 500 mil pesos no reembolsable anunciado, llega demasiado tarde y provisto de confusiones técnicas tales, que indujeron a error a quienes corrieron a solicitarlo, advirtiéndoles que tendrían que devolverlo, más aún con penalidades de intereses y hasta cárcel.

En una semana donde se espera gran agitación y movilidad interpandemia, en busca de los beneficios anunciados y del retiro del 10% de las AFP, alguien del aparato burocrático del Gobierno creyó que lo mejor para el proceso era exigir la clave única para tramitar los permisos temporales en la página virtual de Carabineros. En suma, un completo desorden y mal manejo de la tecnología disponible.

Ni hablar de los problemas de La Araucanía, dramáticamente demostrativos de la terquedad del Gobierno en un tema tan delicado, poniendo en aprietos al nuevo Ministro del Interior, y generando incertidumbre entre las propias filas de la derecha democrática.

En esta coyuntura, el Gobierno continúa intentando poner orden invocando el Estado de Derecho, vulnerando uno de sus principios fundamentales como es el diálogo y la busca de consensos como legitimadores de derecho, haciendo tabla rasa del contexto de los últimos 10 meses en que se desenvuelve la vida del país: Estallido social-Pandemia-Plebiscito.

Otros desaciertos silenciosos, pero de gran impacto en las familias, son el  tratamiento de las Pymes, el Ingreso Familiar de Emergencia sin cobertura, y la seguidilla de errores concretos de las políticas gubernativas frente a todo el espectro sanitario, político y administrativo del país.

Ante este caótico escenario, solo nos queda insistir que para enfrentar con un mínimo de éxito la pandemia, era necesario que las estrategias sanitarias del Minsal debían ir de la mano con el apoyo de los Municipios.

Así también se hace necesario hoy, en vez de hacer demostraciones de fuerza con un equipo ministerial abiertamente adicto al rechazo de una nueva Constitución, abrirse con sinceridad al diálogo permanente, sin la exclusión de nadie.

Es la única y más sana decisión que un Gobierno colapsado puede tomar en virtud de los propósitos que dice sustentar, ante la opinión pública y ante la expectativa natural de la ciudadanía, dando una señal de conciencia, con exactitud meridiana, de la verdadera realidad que agobia al país en su totalidad.