Pareciera que el Gobierno quiere ver a los municipios en el suelo

Maximiliano Ríos

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La única lectura que se puede hacer de la negligencia del Gobierno frente al constante clamor de los municipios, para que se les inyecte dinero que permita solventar de modo adecuado las demandas sociales ante los estragos del covid-19, es que se trata de una estrategia de negación de sus legítimos derechos, como primeros e irrenunciables protagonistas sociales del problema.

Una suerte de sometimiento llevado hasta la inanición, donde las comunidades están siendo sometidas a su suerte, dado que los municipios han quedado ya, sin recursos para la atención de alimentos, limpieza de sus calles o atención a las familias de las víctimas.

Han pasado casi 60 días del primer caso de coronavirus en Chile, los que se suman a las consecuencias sociales, económicas y materiales que aquejaron a sus territorios desde octubre del año pasado, sin que hasta hoy alguna comuna haya recibido un peso.

Respecto a los casi 10 mil millones de pesos comprometidos por el Gobierno Regional para distribuir ante la emergencia, es deber aclarar - para conocimiento público - que estos recursos aprobados y sancionados por la autoridad regional, aún no han llegado a manos de los municipios, ni parecen estar disponibles.

Es preciso aclarar también que dichos recursos, en el actual Estado de Catástrofe que rige hasta junio, son asignados a los municipios bajo la denominación de exclusividad respecto a su uso, lo que impide que sean reorientados, por ejemplo, a necesidades urgentes como cajas de alimentos, resultando una  contradicción y barbaridad inaceptable, en perjuicio de un uso social más racional. ¡Increíble, pero cierto!

Desde octubre pasado los ingresos municipales vienen en franca disminución. Ocurre con la exención del pago de patentes comerciales; arriendos, permisos de uso de bien nacional de uso público, extensión del plazo para el pago de permisos de circulación y de licencias de conducir; la reducción de pagos de multas por infracciones de tránsito y/o fiscalización del comercio.

Es decir, se trata de la sorda instalación de una bancarrota profunda, salvo algunas puntuales excepciones propias de la inequidad territorial que afecta a la institucionalidad edilicia en el país. En este caso, alcaldías ricas y solventes que se pueden dar el lujo de ostentar, promover ideas y acciones muchas veces alejadas de una realidad más sana y solidaria.

Se ha gritado a los cuatro vientos que los municipios ya no dan más y, de no mediar un apoyo financiero directo, los efectos de la crisis sanitaria empeorarán irremediablemente. Así, al final del túnel, los municipios más vulnerables quedarán literalmente en el suelo o mejor dicho, sus vecinos se verán en la soledad más absoluta, asaltados por el hambre, el dolor y la desesperanza.

Ya en diciembre de 2019 los municipios recibieron menos de lo presupuestado de los saldos del Fondo Común Municipal y se lo hicimos ver a la autoridad, la que haciendo un uso generoso de su originalidad nos argumentó que ello se debió a que la fecha de recaudación del impuesto territorial había caído en día inhábil. 

Ahora, con toda la polémica desatada por dichos del ministro Jaime Mañalich, nuestra preocupación aumenta. Pareciera ser que esta suerte de animosidad en contra de los alcaldes y alcaldesas ha ido in crescendo conforme avanza la pandemia y de paso, acentúa la imposibilidad de construir nuevos y más puentes de entendimiento con La Moneda.

No se puede obviar que todas las encuestas realizadas por el gobierno o estudios abiertamente a su favor, señalan que los municipios son, hoy por hoy, en plena pandemia, los mejores evaluados pese a la indiferencia del ministro de Salud.

Para quienes han planteado que los alcaldes y alcaldesas debieran rebajar sus remuneraciones, en un arranque de oportunismo o mal entendida filantropía, es importante precisar que la ley que nos rige no lo permite, a menos que hubiese un dictamen claro de la Contraloría General de la República al respecto.

No obstante ello, los invito a investigar cuántos de nosotros, hemos hecho ese gesto de modo anónimo, sin publicidad ni búsqueda de cámaras y micrófonos. Los alcaldes trabajamos por convicciones y sentido social, lo hacemos por las familias de nuestros territorios, con la voluntad de defender y proteger los derechos de los vecinos, de las vecinas y de sus hijos e hijas.

Sabemos que este Gobierno tiene capacidad de sobra para ayudar a las Pymes y a las pequeñas empresas para que puedan sortear la crisis.

Sin embargo, vemos con angustia como se desvive por los bancos y las grandes empresas, olvidando su verdadero papel de Gobierno de todos los chilenos. Sabemos que las Pymes ya estaban hasta el cuello antes del 18 de octubre: sin liquidez, endeudadas y con problemas de capital de trabajo. Imaginemos cómo están ahora, tras el estallido social y en plena crisis sanitaria, bajo la amenaza que todavía no llega lo peor.

La interrogante no resuelta es ¿por qué el Gobierno y el propio Presidente, aún no atiende las urgencias de las Municipalidades y recoge la opinión de los ediles?

Cada uno de ellos constituye una extensión del brazo del Estado en la cuestión social, porque un alcalde o alcaldesa a diario  trabaja, sufre y suda, en medio del pueblo, palmo a palmo con las penas y alegrías de la ciudadanía.