Coraje para esclarecer violaciones a derechos humanos

Coincidimos con juristas, dirigentas de agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados por la dictadura cívico-militar, y con organismos de memoria y derechos humanos, en rechazar absolutamente que los autores de crímenes de lesa humanidad, siendo conocidos por su crueldad en el trato a las víctimas, su falta de arrepentimiento y su nula colaboración, puedan alcanzar la libertad condicional antes de cumplir su condena.

Hace unos días, precisamente en un significativo acto de homenaje a víctimas de crímenes y horrorosas violaciones a los derechos humanos que cometieron agentes del Estado en el periodo dictatorial en contra de dos direcciones políticas del Partido Comunista, dijimos que debe prevalecer la fuerza de la ley, del derecho internacional, valores éticos, normas nacionales y mundiales respecto al cumplimiento cabal de las penas carcelarias de quienes fueron procesados y condenados por atroces delitos cometidos contra personas indefensas e inocentes.

Un reciente sondeo, para sumar a los argumentos, indicó que el 60% de los chilenos está en contra de beneficios carcelarios para autores de crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos.

En este contexto, francamente preferiríamos a un ministro de Justicia que junte coraje para seguir adelante con la búsqueda de la verdad y el esclarecimiento de la mayoría de los casos de violaciones a los derechos humanos aún ocultos por la impunidad, y no para tratar de otorgar con tanta diligencia la libertad condicional a los responsables de actos de crueldad y de ensañamiento contra las personas.

Estamos firmemente convencidos que es imprescindible seguir haciendo los máximos esfuerzos en la búsqueda de la verdad sobre tantos casos aún sin esclarecimiento, que son la mayoría. Falta información, antecedentes y precisiones sobre muchísimos casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos.Esa información se le debe a los familiares de las víctimas y al país entero.

Estamos hablando de 1.248 detenidos desaparecidos reconocidos oficialmente por el  Estado, pero que de acuerdo a las agrupaciones de familiares de detenidos desparecidos puede sobrepasar los 2.500. El Estado también reconoce 2.095 ejecutados, pero que en base a las denuncias se elevan a más de 3.000. A estos casos hay que agregar 28.000 sobrevivientes de prisión política y tortura, pero la cifra basada en los recursos de amparo eleva el número a más de 100.000.

El Estado de Chile tiene una enorme deuda pendiente respecto a las víctimas de crímenes de lesa humanidad, esperamos que la Subsecretaría de Derechos Humanos recién creada y dependiente del ministerio de Justicia, tenga la disposición, sea dotada de la capacidad, y cuente con el respaldo y la voluntad política para seguir adelante en este cometido que se cumplía a través del Programa de Derechos Humanos del ministerio del Interior, aún con mayor efectividad.

Ya no da más el argumento de que son temas del pasado como quiere definirlo la derecha y ex uniformados.

Un país, un Estado y una sociedad que se quiera declarar profundamente democrática y realmente respetuosa de los derechos humanos, tiene que resolver situaciones como las que exponemos, de lo contrario, habrá un déficit institucional y ético.

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Edición
Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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