No hay verdadera democracia sin respeto de los derechos humanos

Fernando Astudillo Becerra

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Los últimos acontecimientos de nuestro país, que han derivado en el crimen de Camilo Catrillanca, la detención arbitraria de un menor de edad que lo acompañaba y que es sometido a torturas por  miembros de Carabineros y  en días recientes, la represión innecesaria en la Universidad de Valparaíso que termina con graves heridas de una estudiante de derecho, nos mueve a afirmar que en Chile no habrá verdadera democracia, si no hay expresiones claras de parte del Estado y su gobierno  de que hay un efectivo respeto de los derechos humanos.

Si la policía sigue actuando bajo los mismos estándares de la dictadura militar, si la autoridad política nada hace para detener los abusos y los crímenes de instituciones que paradojalmente tiene como misión velar por el cuidado de los ciudadanos, es que estamos viviendo una crisis de nuestra democracia, ya que no se puede naturalizar en ella el abuso y la represión.

Carabineros ya tiene una larga historia de mentiras y de crímenes, como para seguir tolerando su ya cotidiana violación de los derechos de las personas y los pueblos. 

Estos hechos, y muchos otros, dicen que la democracia chilena tiene  muy poca relación con el ejercicio de los derechos humanos, y los viola permanente y sistemáticamente.

En Chile, parece creerse que se es un régimen democrático por la existencia de elecciones limpias y periódicas, cuestión que siendo de suma importancia, no trae necesariamente como resultado la disminución de las violaciones de los derechos fundamentales,  si  no se efectúan cambios estructurales que transformen a la sociedad y a las instituciones, para que cese la represión y las violaciones de parte del Estado.

Existen otras democracias que no sólo contemplan estas acciones, formales, sino que también buscan ideales o contenidos ético-políticos, como el respeto a los derechos naturales y la igualdad socioeconómica de los individuos, las comunidades y pueblos.

Las democracias sustanciales requieren, forzosamente un apego a los derechos humanos, no sólo civiles y políticos, sino también a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Las obligaciones generales del Estado de Chile en cumplimiento de sus compromisos con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), un derecho supranacional del cual es parte, implican, entre otras cosas, hacer patente en la sociedad una estructura organizativa e institucional, una convivencia social y un marco jurídico interno que es respetuoso de los derechos fundamentales, ya que estos  forman parte de la esencia misma de la democracia. 

Los límites que impone el DIDH a los Estados, principalmente a través de Convenciones y Tribunales Internacionales, deben tener  consecuencias para la relación democracia-derechos humanos, de otro modo es simple letra muerta. 

Los países democráticos, además de tener que cumplir con las distintas obligaciones del DIDH, ya no entienden a la soberanía nacional como la total libertad de acción por parte del Estado o incluso como un escudo de impunidad para el mismo, sino que este nuevo ordenamiento los obliga a cumplir sus compromisos internacionales y rendir cuentas a organismos supranacionales sobre su accionar con respecto a los individuos y los pueblos que están bajo su jurisdicción.

En este sentido el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, del cual Chile es parte, establece que los Estados no pueden apelar a la legislación interna para no cumplir con sus obligaciones internacionales.

Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los posteriores pactos de 1966 el sistema internacional, construido en base a relaciones bilaterales entre países soberanos, se transformó en un orden jurídico global. La soberanía al menos conceptualmente, ante el universalismo de los derechos humanos, dejó de ser absoluta, tanto en su ámbito interno como en el externo.

En suma, Chile con el crimen de Camilo Catrillanca y con la sistemática represión del Estado en contra de las comunidades mapuche, no sólo ha incumplido sus obligaciones internacionales, sino que sigue siendo el Estado  policial que heredó de Pinochet y este no es, ni será  nunca, un Estado democrático, por más elecciones limpias que se realicen.