Prepotencia, seguridad y derechos, un caso paradigmático

Si algo debe caracterizar a las democracias es la seguridad de los ciudadanos, no sólo respecto de los delincuentes, sino sobre todo de que las policías actúan de modo legal, justo y respetuoso.Nadie es culpable mientras no haya antecedentes para suponerlo vinculado a un delito y todos los ciudadanos deben ser tratados en forma respetuosa.

Cuando las policías se sienten con derecho a  cualquier cosa, la sociedad sufre y se pueden producir tragedias. Por ejemplo, cuando un policía entra a una vivienda de modo subrepticio, sin identificarse como tal, sin permiso y sin mostrar la orden que respalda su conducta, se expone a que el dueño de casa suponga que es un delincuente y le dispare en defensa propia.

Los ciudadanos necesitamos saber que nuestro respeto a la ley y a las personas, encuentra en la conducta de los policías y de las autoridades un referente ético superior. En tiempos de dictadura pasaba de todo y por eso luchamos con empeño sin igual y riesgo de nuestras vidas. Y siempre esperábamos que eso no pasara en democracia. Pero no es así y para muestra un botón.

A ver, a ver, botones hay todos los días, pero los aparatos comunicacionales de las policías, apoyados por canales de televisión y otros aparatos publicitarios desarrollan una capacidad para presentar las cosas que borra las evidencias de su arbitrariedad. Pero cuando eso pasa en sectores diferentes, quedan en evidencia, lo que da pábulo a que reclamemos no sólo por el caso cercano, sino además por el derecho de esos habitantes de Chile que viven en zonas pobres de las ciudades.

La noche del sábado al domingo, cuando el reloj marcaba la una y media de la madrugada, sonó el timbre en la casa de Ricardo Hormazábal, abogado, ex diputado y senador, ex embajador, candidato a la Presidencia de la Democracia Cristiana, a 50 metros de la Guardia de la Escuela de Carabineros en la comuna de Providencia.

Contestó el citófono su esposa. Preguntaban por un sujeto que no vivía ni estaba allí (y de paso que jamás había vivido en esa casa). El tono era perentorio y la insistencia rayana en la majadería. Atendida la imprudencia de la hora y luego de que el requirente se identificó de palabra como funcionario de Investigaciones, Hormazábal bajó a la puerta.

Repitieron la pregunta sobre el desconocido – de quien luego el dueño de casa se enteró que era buscado por estafa – en tono y actitud descomedidos. El diálogo no fue grato, pues Hormazábal reclamó su derecho a la tranquilidad hogareña, señalando que esa pregunta sobre si el prófugo vivía o no allí podía hacerse en horas normales y si tenían dudas podrían marcar un punto de vigilancia o algo así.

La respuesta, prepotente, fue que ellos trabajan a la hora que quieren y amenazaron a Hormazábal con detenerlo si acaso no les mostraba de inmediato su cédula de identidad.

Podemos imaginar el cuadro. Estaban en la misma zona en la que tiempo antes habían entrado a robar en casas vecinas, a vista y presencia de las guardias policiales, en el silencio del famosillo e inútil plan cuadrante y la imposibilidad de conseguir que concurrieran detectives a investigar los delitos. Pues ahora, sin nada mejor que hacer, realizaban este hostigamiento inaceptable.Por cierto que no hubo detención, pues el jefe de la patrulla se percató de que sería contraproducente seguir adelante.

Es claro que se trataba de una típica actitud abusiva de los que sienten que no hay poder suficiente para oponerse a ellos y que los derechos de los demás sólo existen en el papel y en la teoría.

No es, como han creído algunos adherentes de la causa que encabeza Ricardo Hormazábal contra las AFP por sus abusos ilícitos, de una represalia política. No creo que la policía haya llegado a esas bajezas. Al menos no todavía.

Es sólo su conducta de estirar la cuerda tanto como se pueda, como lo dejó de manifiesto el comisario, jefe de estos infractores con placa policial, que a instancias de un ex diputado y ex detective, llamó a Ricardo con el pretexto de excusarse, pero en realidad lo que hizo fue ratificar y respaldar la conducta de su personal.

Un amigo de Hormazábal se preguntaba, si esto pasa con alguien de esta importancia política, ¿cómo será el trato para los ciudadanos comunes y corrientes y con los pobres que viven en las poblaciones? La pregunta es válida, sobre todo cuando vemos algunos programas de televisión en que los detectives salen con periodistas a hacer allanamientos. Se actúa con prepotencia, no siempre con respaldo de órdenes y los ciudadanos temen oponerse a quienes sienten todopoderosos.

La actual conducción de la policía civil ha tratado de mejorar la imagen de una institución desprestigiada por las conductas de sus integrantes por décadas. Incluso ha separado de sus funciones a algunos de los suyos que han sido sorprendidos cometiendo delitos graves o han estado vinculados a narcotráfico. La corrupción anida en los organismos cuyos integrantes creen que nadie les pone límites. Pero en democracia no es así y todos, incluso los que están buscados por la policía, tienen derechos y deben ser respetados como personas.

Este caso, grave, delicado, debe llamar la atención de las autoridades para dirigir con más cuidado sus instituciones y debe poner en estado de alerta a una ciudadanía que tendrá que perder el miedo y fijar límites claros a las prepotencias policiales.