AFP estatal y las vivezas gubernamentales
El Gobierno del Presidente Piñera presentó al Parlamento una modificación al sistema de pensiones, que entró en una compleja discusión después de ser aprobada la idea de legislar. La opinión pública considera que es un tema que afecta las condiciones de vida de los chilenos, especialmente como uno de los gérmenes de la desigualdad existente en la sociedad. En las encuestas de opinión aparecen las isapres y las AFP como las entidades más cuestionadas entre las instituciones políticas, económicas y sociales.
El actual sistema previsional chileno es mixto, ya que el pago de las jubilaciones después del retiro laboral es efectuado mediante financiamiento estatal (Pilar Solidario); por las AFP gracias a la capitalización individual del 10% de las remuneraciones laborales y por un resabio del antiguo sistema de reparto que beneficia a las instituciones armadas y de orden.
El proyecto de ley busca resolver una serie de problemas que se han ido acumulando y que son provocados por un conjunto de fallas con que opera el mercado de pensiones: escasa competencia entre los oferentes; problemas de información en los interesados; las personas que no han previsto el futuro por su lejanía; ignorancia ante la complejidad del servicio; movilidad laboral que genera inconstancia en los aportes; lagunas en las cotizaciones; trabajadores independientes y microempresarios que efectúan escasos aportes.
Y la lista sigue con la evasión y elusión de las partes involucradas; cambios demográficos no previstos en las puesta en marcha del sistema actual; insuficiencia del aporte individual requerido para financiar las jubilaciones; ausencia de mecanismos efectivos de solidaridad, y desajustes en relación a los cambios que experimentó la sociedad chilena en el período 1981-2019.
Como el tema es complejo, las soluciones también lo son y se relacionan entre sí. En el debate está la magnitud del aumento de la cotización individual del 10%, que crecería al 14%, magnitud adicional que ya se acordó no destinarla a las AFP, pero sí a cuentas individuales de cada cotizante.
El acuerdo político estableció que sería dirigido a una entidad estatal, pero las declaraciones del ministro de Hacienda y la Cuenta Anual del Presidente Piñera han generado un serio debate sobre el destino de los fondos.
La postura gubernamental se traduce en que la entidad estatal recibiría los fondos, pero podría delegar su administración en entidades privadas que no serían AFP, pero cercanas al mundo financiero, mientras sectores de la Oposición postulan que el acuerdo logrado establecería una operatoria de carácter público.
Diversas alternativas se han planteado para administrar la cotización individual del incremento postulado. Una de las alternativas existentes es la creación de una AFP estatal, que atraería a nuevos interesados individuales o licitados en grupo.
No cabe duda que esta iniciativa sería positiva, a juzgar por la reacción de las actuales AFP cuyos ejecutivos se defienden mediante la pregunta “¿cuán es el valor agregado de una AFP estatal?”, augurando que “va a agrandar un problema”, en circunstancias que, el sistema necesita incorporar nuevos cotizantes con mayores aportes que posibiliten mayores jubilaciones en el futuro.
Por lo general, los dirigentes gremiales que representan a los grandes empresarios mantienen una férrea oposición a que el Estado tenga una mayor participación en la vida económica del país, aparte de cumplir su tarea reguladora ante imperfecciones en el funcionamiento de los mercados. Donde su rechazo adquiere frenesí es ante la posibilidad que intervengan empresas estatales, como es este caso, posición que sería compartida por el Gobierno, que desea limitar las funciones del “ente” estatal a lo meramente normativo.
La creación de una AFP estatal presenta dificultades si se tratara de crear una entidad nueva, sin experiencia previa en labores similares. Sin embargo, es factible cumplir los objetivos que se buscan a partir de la formación de una filial del BancoEstado, ya que reúne las condiciones necesarias por tener éxito.
En el pasado varias AFP fueron creadas a partir de bancos privados existentes en el país, a pesar que desde un punto de vista legal no podían hacerlo en forma directa.
Sin embargo, actuaron mediante filiales de la entidad madre del grupo empresarial, como ha sido el caso del Banco Santander (antes de vender café), el BBVA o entidades financieras como Metlife, Principal y Prudential, sin cuestionamientos de los reguladores.
Con una AFP estatal formada a partir del BancoEstado no habría el temor de tener que recurrir al financiamiento fiscal, pues tendría recursos propios y ha mostrado eficiencia y capacidad de innovación, que en varias tareas lo ponen a la cabeza de la industria financiera.
De acuerdo a su ley orgánica, la entidad no puede otorgar subsidios, a menos que sean financiados por el Estado. Además, ha sido controlado por la Superintendencia de Banco e Instituciones Financieras.
Por otra parte, el gran aporte es su característica de ser el banco popular del país, ofreciendo servicios que el resto de la banca no está en condiciones de proveer.
No se trata solamente de la tradicional libreta de ahorros, que marcó la incorporación al sistema financiero de los sectores populares y de la extendida red de sucursales que cubrió buena parte del territorio nacional, especialmente en segmentos rurales de Chile y que dio origen a la confianza ciudadana que considera que es “el Banco del pueblo”.
Esta consideración, unida a su capacidad de innovación lo ha llevado a ofrecer diversos servicios masivos.
La Cuenta RUT, que tenía 11,2 millones de clientes en diciembre de 2018 (“la chequera del pobre”).
La mayor red de sucursales del país, en las cuales hay 134 comunas en que es el único banco.
Las Cajas Vecinas, que sumaron 25.400 locales a fines de 2018, y facilitaron la incorporación de pequeños empresarios al mundo financiero, especialmente de mujeres. Entre los servicios que prestan se destaca la venta de bonos Fonasa (1.149.000 en 20189.
La creación de “ServiEstado”, para transacciones menores y la Banca Móvil.
La mayor red de cajeros automáticos del país.
El programa “Compre aquí” con 11.555 pequeños comercios.
Su filial de Microempresas, con 635.000 clientes.
La administración del Fondo de Garantía del Pequeño Empresario (FOGAPE).
Su alta participación en el crédito hipotecario, especialmente para viviendas de familias de menores ingresos.
Su contribución a los créditos destinados a la Educación Superior, especialmente el CAE.
Su especialización en la incorporación financiera de los inmigrantes, en que el 58% de ellos son clientes (726.000 personas).
La atención a 242.000 aportantes al Ahorro Previsional Voluntario (APV).
En definitiva, de los 14 millones de clientes, en que 7,1 millones son mujeres, las cuales crecen continuamente. Gracias al programa “Crece mujer”, se han agregado numerosas emprendedoras.
En síntesis, la incorporación de BancoEstado, como una nueva entidad administradora del incremento de la cotización previsional, asegura la agregación masiva de nuevos ahorrantes y el incremento de los actuales.
Su experiencia en el mercado financiero permitiría un eficiente aprovechamiento de las economías de escala propias de la actividad y que una nueva entidad demoraría en lograr.
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