Agua, no privatizar el debate democrático

Alfonso De Urresti

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En una entrevista del pasado 14 de octubre, el presidente de la Sofofa reiteró la ya conocida tesis empresarial de que el “cambio de las reglas del juego” en casi cualquier materia es “expropiatorio”, amparándose en el manido argumento del derecho de propiedad establecido en la Constitución de 1980.

El dirigente empresarial agregó que el ejercicio indefinido de este derecho había sido fundamental para la materialización de inversiones y que detrás del proyecto de ley que busca modificar el Código de Aguas “hay una noción equivocada de que el agua es un bien del Estado”. Por supuesto no pudo evitar acudir a la campaña del miedo y decir que esta iniciativa dañaría a la agricultura, la minería, las empresas eléctricas y las industrias.

Ya antes, la Sociedad Nacional de Agricultura había estimado que el gasto fiscal por cambios en el Código de Aguas ascendería a US$27 mil millones, que según ellos es el valor de las “expropiaciones” que se producirían por la “afectación a la certeza jurídica”.

Por supuesto, ninguno de los que hoy habla de derechos, de reglas del juego, de expropiación o de estatización menciona que el Código de Aguas vigente fue dictado mediante el decreto con fuerza de ley N°1.122 del 13 de agosto de 1981, que lleva la firma de Augusto Pinochet, de Mónica Madariaga y de dos brigadieres generales, a la fecha ministros de Economía y de Obras Públicas. O sea, una regulación a la medida, un “cambio de las reglas del juego” en un país sin Congreso, sin fiscalización ni tribunales independientes.

Tampoco se hacen cargo de la especulación que muchos hacen con esos derechos, como quedó en evidencia con las cifras que ya a fines de julio había dado a conocer la Dirección General de Aguas y que mostraban que las patentes impagas por derechos de agua sin utilizar desde 2007 a la fecha acumulaban casi 150 millones de dólares.

El porcentaje de derechos impagos equivale para el año 2016 al 50% de las 496,579 UTM que debían pagarse por ese concepto, al 33% de los 4.966 derechos entregados y al 53% del caudal asignado.

El número de derechos de agua impagos a nivel nacional se ha ido incrementando progresivamente. Así pasamos de 377 el 2007, por un monto de 90.572 UTM, poco más de 4 mil millones de pesos a 1.039 derechos impagos el 2.010, por un monto de 60.992 UTM; a 2.023 derechos impagos por 171.442 UTM; hasta los 3.066 derechos impagos de este año por un total de 464.752 UTM, cifra esta última superior a los 21 mil millones de pesos.

La cifra de derechos cancelados este año es equivalente al que existía hace una década y está muy por debajo del 68% de pago del año 2015, del 69% de 2015, del 78% de 2013, del 80% de 2012 y del 83% de 2011. Ciertamente los montos cancelados también están muy por debajo de años anteriores, como el 2013, cuando se cancelaron 741,956 UTM, algo así como 51 millones de dólares actuales.

No se dice tampoco, que el monto total de la deuda acumulada desde 2007 a la fecha es equivalente a casi la totalidad del presupuesto destinado al programa especial para enfrentar la sequía. O sea, algunos se dan el lujo de derrochar o despreciar la posibilidad de utilizar un recurso cada vez más escaso como el agua, mientras parte importante de los territorios y habitantes del país, ven con preocupación cómo este vital elemento desaparece de ríos y lagos, de los pozos y de sus casas, afectando su salud, su calidad de vida y las actividades que les dan sustento, como la agricultura familiar campesina y la ganadería de pequeña escala.

Lamentablemente muchos insisten en condenar a Chile a un aislamiento respecto de las normas de convivencia aceptadas por la mayor parte de la comunidad internacional. Eso sucedió en materia de divorcio antes y ocurre ahora respecto del aborto, el sistema de pensiones, el cambio constitucional y, por cierto, respecto a considerar el agua como un bien público, que está por sobre el ánimo de lucro y de la propiedad privada.

Desconocen, por ejemplo, que el 28 de julio de 2010 la Resolución 64/292, la Asamblea General de la ONU reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que ambos aspectos son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.

No es cierto que las distintas iniciativas en trámite que buscan establecer la reforma constitucional que reconoce al agua como un bien público y que aspiran a modificar el texto del actual Código de Aguas quieran expropiar a nadie. Solo pretenden hacerse cargo de una realidad hídrica distinta a las que existía hace 100 o hace 35 años y que debe reflejarse en la normativa. Porque entre otras cosas, el cambio climático es un dato duro de esa realidad y se expresa en una escasez hídrica cada vez mayor, incluso en zonas donde antes la lluvia era el pan de cada día.

Se trata de debatir acerca de la forma de hacer una más justa distribución de los derechos que permiten utilizar el agua, no solo en actividades económicas o productivas, sino que empezando por aquellas que garantizan condiciones de vida digna para las personas. Es lo que hace la gran mayoría de los países con los que al parecer solo nos gusta comparar nuestro ingreso per cápita, y en los cuales los privados no han dejado de invertir por eso.

Ciertamente, este es también un debate político, porque las democracias tienen el derecho de discutir todo aquello que fue impuesto unilateral y arbitrariamente en dictadura. No hay que temer al debate democrático. Por eso queremos una nueva Constitución discutida por todos, para que en su texto no quede solo lo que algunos compartimos, sino lo que la mayoría entiende como parte necesaria de la convivencia entre todos. Y en ese debate no hay temas tabú, ni derechos sagrados.

Los recursos naturales por cierto no quedan fuera de esta discusión legítima que no debe llamar al pánico a nadie. Este debate no es contra nadie, ni es para afectar ninguna certeza, ni para expropiar nada. Por el contrario, estamos convencidos de que nuestra sociedad será cada vez mejor si los ciudadanos pueden libremente opinar y decidir sobre su futuro.

De que es importante recuperar el agua como bien común, en beneficio de la mayoría, no cabe duda. Pero para eso es necesario no privatizar el debate, ni expropiar el futuro de todo un país.