Carencias en el sistema de pensiones

El sistema de pensiones ha vuelto a ser un tema de actualidad y no sólo porque el ambiente de la elección presidencial hace plantear ofertas atrayentes para la ciudadanía. Se ha argumentado que el nivel de las pensiones es exiguo, especialmente para aquellos que tienen una cobertura con baja protección y se señala que no se cumplieron las expectativas creadas cuando se puso en marcha en 1981, en que se sostuvo que daría origen a jubilaciones cercanas al 70% de la última remuneración percibida.

Al intentar explicar el desánimo que genera el actual sistema, en relación al bienestar mínimo que deberían tener los retirados y las frustraciones que ello genera, se deben mencionar varios motivos: los factores demográficos, las expectativas de vida crecieron con rapidez, lo que no estaba contemplado hace 31 años; las lagunas previsionales; la evasión que realizan los empleadores en la integración de los fondos de propiedad del trabajador; la informalidad existente en los mercados de trabajo; la extendida gama de microempresarios con un bajo nivel de ingresos, que tienen impedimentos para cumplir con las exigencias mínimas de contribución periódica y las diferencias en los requisitos que deben cumplir hombres y mujeres para optar a una pensión (65 y 60 años de edad respectivamente).

Es posible que, manteniendo la estructura del sistema actual, se efectuaran algunos cambios para mejorar sus condiciones de funcionamiento. Las más importantes serían: aumentar la tasa de cotizaciones del 10% al 13% o a una magnitud cercana; retardar la edad de jubilación desde 65-60 años hasta 68 y aumentar los subsidios estatales a las pensiones mínimas. Si bien los cambios mencionados permiten avances importantes, no hacen transformaciones estructurales a las actuales AFP, sujetas a numerosos y serios cuestionamientos.

Otros, han presentado como alternativa volver al anterior sistema de reparto. Éste opera con un principio enteramente distinto al actual, pues se basa en que los imponentes productivamente activos financian a los pasivos, los que se han retirado y viven de una pensión.

En los países en que se ha implementado, el sistema de reparto ha entrado en serias dificultades, especialmente por cambios demográficos que han generado una reducción de las personas activas, mientras se incrementan las pasivas, provocando un desequilibrio financiero que obliga a crecientes aportes del Estado.

En Chile, este sistema estuvo vigente hasta la reforma de 1981, en que sucumbió por varios factores que se conjugaron para su desplome: se generaron crecientes facilidades para jubilar; el funcionamiento paralelo de distintas cajas de previsión generó resistencias por la desigualdad que implicaba y una presión social para acceder a los privilegios.

Pero, el factor decisivo fue que el sistema operaba sin reajustabilidad automática de las pensiones (no se aplicaba la UF) y ante la creciente inflación. Así, los ingresos de los jubilados experimentaron un deterioro significativo. En consecuencia, la combinación de injusticia y arbitrariedad con que funcionaba el sistema, sumada a la imposibilidad de sostener un creciente aporte fiscal, llevó a su desplome y a la necesidad de sustitución.

En la actualidad, el régimen de pensiones que existe en Chile es mixto, en el sentido que participan las AFP con la capitalización individual, el Instituto de Previsión Social (IPS, que sustituyó al INP), las entidades previsionales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, y las Prestaciones de Seguridad Social que conforman el Pilar Solidario. Por lo tanto, existe una combinación de capitalización individual, reparto y subsidios estatales. En consecuencia, cualquier reforma se hace particularmente compleja en su implementación.

La aspiración ciudadana de tener una pensión “decente” tiene un gigantesco costo fiscal, que la hace inviable próximamente, en especial cuando tiene que competir con otras necesidades que tienen prioridad, principalmente en los campos de la educación, la capacitación, la salud, la vivienda y la infraestructura.

Además, canalizar abundantes recursos a mejorar las pensiones de los más vulnerables no resolvería la insatisfacción de la clase media, hoy día limitada a la operación de las AFP. En el caso chileno existe otro problema adicional, relacionado con el factor demográfico, ya que la población activa está decreciendo con rapidez, mientras la pasiva está en una fase de incremento, planteando problemas serios en un sistema de reparto.

En todo caso, la implantación de un sistema universal de reparto resultaría impracticable en Chile a causa de su alto costo fiscal, la existencia de otras prioridades más urgentes y las dificultades operacionales que implica. Pero, aún en estas circunstancias, el sistema previsional requiere de profundas modificaciones – pese a la favorable Reforma realizada durante el Gobierno de Bachelet- a fin de lograr una mejoría significativa de las pensiones de los sectores más desvalidos del país y lograr una menor distancia respecto a las últimas remuneraciones de los imponentes.

Ello da muestras de que el país está aún muy lejos de poder ofrecer una pensión “digna” a segmentos masivos de la clase media.

Sin embargo, en los próximos años es posible realizar avances importantes, vía subsidios del Estado, en mejoramientos notorios de las pensiones de los sectores más vulnerables de la población.

Además, se deberían realizar cambios que permitan reducir el excesivo campo de acción en que operan las AFP; mejorar la competencia en este mercado y limitar la concentración del poder a la cual están contribuyendo.

Y, tan importante como los elementos anteriores es que, para –realmente- mejorar el nivel y estructura de las pensiones es indispensable incrementar las remuneraciones reales y los avances del régimen laboral, condiciones que también requieren de modificaciones de fondo.

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