Con las licitaciones pierde el país

La actual ley de pesca nos rige desde 1991. Desde entonces ha habido varias modificaciones, siendo la más relevante la de 2002, que estableció los “límites máximos de captura por armador”, o LMCA.

El destacado economista Sr. Engels en una columna de opinión publicada recientemente , indica que dos décadas después de aprobada esa ley, los temores de Piñera, entonces senador y hoy Presidente se pueden volver realidad. Es decir, que esa ley vaya en beneficio de ciertos privilegiados.Esto referido a la asignación de las cuotas.

Es cierto que el Gobierno ha sido poco prolijo en todo este proceso, por cuanto formó la Mesa Pesquera que reunió a todos los sectores involucrados en la pesca, y después el proyecto de ley no reflejó todo lo acordado previamente. Eso ha llevado a situaciones muy complejas.

Sin embargo, ninguna de las organizaciones de trabajadores de planta, tripulantes, pescadores artesanales reunidos en CONAPACH y CONFEPACH quiere licitaciones, pues ellos saben que allí pierde el país.

Por otro lado se ha discutido con “expertos internacionales” acerca de la mejor forma de adjudicación de las cuotas. La gran mayoría se inclina por la asignación por historia, con pagos de patentes acorde al valor de esos recursos.

El Tribunal de la Libre Competencia ya señaló que para “garantizar la entrada de nuevos actores, se necesita instaurar un sistema de transferibilidad de las cuotas, y que estas sean divisibles y separadas de su embarcación".

Advierte además que desde el punto de vista de la Defensa de la Libre Competencia,no resulta necesario implementar un mecanismo de subasta para asignar las cuotas. Si no, veamos que ha ocurrido con las subastas de “bacalao”.

Finalmente decir que Chile, en su postura internacional ante la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur, ha sido muy firme de cautelar el derecho de cuota histórica que tiene nuestro país en una pesquería tan importante como el jurel.