Energía y precios justos

En los últimos años hemos sido testigos de diversas movilizaciones sociales a lo largo de nuestro país. Educación, salud, previsión, trabajo son quizás las materias donde la conflictividad se ha hecho evidente para la opinión pública.

Pero los problemas no acaban allí. Otra de las grandes razones del malestar social la constituyen, sin lugar a duda, los conflictos regionales. En la base de éstos se encuentra siempre el mismo problema: los frutos del progreso y las ganancias parecen no ser compartidos con los habitantes de las regiones donde éstos se producen.

Frente a ese panorama, no es difícil prever que los conflictos entre empresas energéticas y las comunidades van a ir en aumento. Aysén es quizás el ejemplo más mediático, pero los hechos demuestran que este tipo de problemas comienzan a ser la regla y no una excepción.

El año 2014 el Atlas Global de Justicia Ambiental ubicó a nuestro país en el puesto número 10 en el ranking de los países con más conflictos ambientales derivados de proyectos energéticos en curso.

Lo anterior pone de relevancia al menos dos situaciones que debemos atender oportunamente.

Por un lado, velar por la necesaria democratización regional, que entregue a las comunidades y a los ciudadanos, en general, servicios energéticos a precios justos y por otro, impulsar una política medioambiental robusta, que ponga el acento en el uso de energías renovables.

El proyecto que establece mecanismos de equidad en las tarifas eléctricas –aprobado hace pocas semanas en el Senado- avanza en la dirección correcta, en tanto busca paliar algunas de las externalidades negativas aquí señaladas.

Mediante la implementación del principio de reconocimiento de la generación local se favorece a los habitantes de localidades históricamente postergadas y relegadas. Así, cuando haya mayor generación de energía en Chiloé, las comunidades deberán recibir los beneficios de aquello.

Y también está la equidad tarifaria residencial, que avanza en regular un mercado de servicios básicos, donde el derecho de cada ciudadano a contar con electricidad no pueda estar sujeto a la fijación arbitraria de precios.

Si realmente queremos modernizar nuestro país, debemos saber salir del círculo vicioso en el que nos atrapa la centralización: la cosecha de los frutos de la inversión económica y energética debe favorecer a la población en general, y no solo a quienes ya viven en mejores condiciones.

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