Enersis y la voracidad empresarial

Una de las críticas más serias que sus propios partidarios formulan a los Gobiernos de la Concertación es el trato amigable que tuvo con el empresariado, una constante durante los 20 años, situación que se mantuvo, con los naturales altos y bajos, hasta el término del Gobierno de Bachelet, a pesar que durante los dos decenios la concentración del poder empresarial tuvo notoriedad.

Con la asunción de la Presidencia por Sebastián Piñera, muchos esperaban el Gobierno de los empresarios o de los gerentes. Las primeras designaciones realizadas por el mandatario agudizaron este pronóstico, copado por ejecutivos originarios en el Sector Privado.

Esta imagen se fortaleció con el comportamiento inicial del propio Piñera y su resistencia a vender una parte de su patrimonio, a pesar de sus promesas anteriores y la presión generalizada para que las cumpliera.

Durante el período transcurrido, el Presidente ha hecho esfuerzos por enmendar el rumbo inicial, aunque son un resultado contradictorio, ya que su principal fuerza de apoyo se encuentra efectivamente en los grandes grupos empresariales.

Por otra parte, el comportamiento de muchos empresarios no ha sido el más adecuado. El mejor ejemplo ha sido el caso "La Polar". Sin embargo, no es único, ha estado acompañado por una serie de acontecimientos que reflejan los abusos que existen en la sociedad chilena.

Entre los sectores más cuestionados tradicionalmente están las entidades financieras; las Isapres; las farmacias, duramente criticadas después de las acusaciones de colusión; y se suman a este grupo muchas universidades privadas que continúan beneficiándose del "lucro", a pesar que esa motivación está sancionada legalmente.

Algunos casos específicos han terminado por agravar la tendencia descrita, tales como la implementación de las sociedades anónimas en el fútbol profesional, el perdonazo a Johnson's, Agrosuper y la situación generada por el aumento de capital propuesto para Enersis.

El caso Enersis

Es conocida la propuesta de aumento de capital presentado para esta gran empresa, como también lo son diversas críticas que suscitó, especialmente por parte de las AFP, que tomaron la iniciativa, ya que poseen el 12,99% de la propiedad accionaria.

Éstas centraron sus observaciones en varias materias: Que la capitalización decidida por Endesa España, su controladora, se propusiera mediante dos canales diferentes, aporte de activos del controlador y aporte en efectivo del resto; que el directorio de Enersis no hubiera emitido una opinión sobre el contenido de la iniciativa; que existiría una importante sobre valorización de los activos aportados, según la estimación del perito designado para el efecto; en la carencia de información sobre el destino específico del aporte de capital, lo cual no se había detallado; y en la existencia de objetivos adicionales de los controladores para llevar a cabo la operación.

El directorio fue duramente cuestionado por haber "mirado para el lado", al no pronunciarse sobre el fondo del asunto y limitarse a "lavarse la manos" en una materia de vital importancia para la firma; en definitiva, hubo una aprobación implícita.

En este caso surge la cuestión acerca de si la responsabilidad de los directivos debe limitarse a cumplir con el mero procedimiento administrativo, aceptando un "resquicio legal", o le corresponde evaluar el fondo de un asunto de fundamental importancia.

La triquiñuela legal evita que el aumento de capital sea considerado como una transacción entre partes relacionadas y tener que pasar por la evaluación del directorio y el comité de auditoría. En definitiva, cabe una responsabilidad ética.

La valorización de los activos propuesta por el controlador fue otro aspecto que ha recibido críticas, pues el directorio designó un perito que tuvo que realizar su función basado en antecedentes sobre los flujos entregados por el controlador y cuantificarlos de acuerdo al valor justo ("first value"), el cual podía estar alejado de la cotización actual de un mercado afectado por la crisis financiera.

También se cuestionó la escasa información sobre el destino preciso de la capitalización pues, aparte de la compra de los mencionados activos, los proponentes hablaron de financiar proyectos de inversión en la región desde Enersis, la sede central de la nueva corporación, así como la adquisición de otros activos en América Latina, pero sin mayores antecedentes.

En síntesis, los ataques a la forma y fondo como se realizó la operación fueron demoledores. A los temas de fondo se agregaron un estilo abiertamente agresivo de la operación y la forma como el directorio trató de lavarse las manos.

Finalmente, el ruido obligó a la Superintendencia a intervenir y resolvió aspectos importantes: Que la operación es entre partes relacionadas y hay un "evidente conflicto de interés en la operación"; que el directorio debe pronunciarse sobre la proposición; debe pedirse otra evaluación de los activos y del impacto en Enersis. Y se debe citar nuevamente a junta de accionistas para su decisión definitiva.

Entre las consecuencias del episodio debe señalarse que es necesario modificar y aclarar la actual normativa sobre gobiernos corporativos, con especial hincapié sobre las operaciones relacionadas y las responsabilidades de los directores de las sociedades anónimas.

El repudio al "lucro" no es un rechazo a que las empresas obtengan utilidades, como quieren creer algunos que adoptan posiciones defensivas. Es algo más profundo, que se expresa en la crítica hacia la creciente mercantilización de los valores vigentes en la sociedad chilena y a la brutal concentración del poder existente en el país, no solo en la esfera productiva, sino en diferentes manifestaciones: económica, social, cultural, educacional, urbana, como algunas de sus expresiones.

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