Indemnizaciones por accidentes laborales
Preocupante. Es la palabra que mejor refleja el pago por indemnizaciones por accidentes laborales en Chile. Según el último informe publicado por la Superintendencia de Seguridad Social este 2018, a mayo se han destinado más de 2.600 millones para el pago en dicho ítem. ¿Una de las causas? la poca fiscalización de parte de instituciones públicas y privadas en el control de drogas y alcohol en el trabajo.
No es casualidad que el 29,4% de los accidentes laborales de positivo a la ingesta de sustancias ilícitas, según el reporte de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS). Es precisamente este escenario el que tenemos que enfrentar como país si queremos evitar el enorme impacto que genera este tipo de hechos en la productividad, seguridad y salud de nuestros trabajadores.
Según el Código del Trabajo, en su artículo 184, es el empleador quien debe proteger la vida y salud de sus trabajadores. Sin embargo, son pocos quienes desarrollan e implementan planes para prevenir y controlar el consumo de drogas al interior de las empresas. Una práctica que sólo es común en sectores de labores de riesgo y que no se exige en aquellas donde las tareas administrativas son actividades comunes.
Es necesario que se tome real conciencia del peligro que implica que un trabajador realice cualquier tipo de función bajo el estado de estupefacientes o alcohol. El peligro inminente que genera para él y su entorno es pocas veces cuantificado por los expertos en prevención de riesgos.
El llamado es a extremar las exigencias en el reglamento interno y a incluir en los contratos laborales cláusulas que no sólo prohíban el consumo en ambientes laborales, sino que eviten que los trabajadores ingresen a trabajar bajo sus efectos. No basta con sancionar, sino que debemos instaurar una cultura organizacional que promueva el compromiso intrínseco y voluntario de las personas.
Es relevante que el Gobierno y parlamentarios legislen sobre el consumo de drogas en ambientes laborales en nuestro país.En la actualidad, existe un proyecto que sigue detenido en el Congreso y que regula este flagelo.
Aquí no se trata de proteger al empleador o la empresa, sino que de proteger la integridad y la salud de nuestros trabajadores.
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