Litio: el secreto, sangre, sudor y lágrimas

A pesar de que nuestro verano suele acallar las voces para tomar descanso, el tema del Litio y los acuerdos entre SQM y Corfo, no han podido pasar desapercibidos.

Ello resulta sintomático, porque han existido eventos como la visita del Papa Francisco y la instalación de un nuevo gobierno, que podrían haber hecho suficiente ruido ensordecedor, para que todo hubiere pasado sin que nadie reclamara nada.

En otros artículos hemos hablado sobre este tema, y hoy nos asiste el convencimiento que hay algo que no cuadra. Llama la atención  el esfuerzo que se hace por explicar las supuestas bondades económicas, argumentos que confrontados con otras voces, que difieren de Corfo hacen al menos dudar de tales ventajas y de la forma en que se gestó este acuerdo en trámite.

Cabe preguntarse si es suficiente razón para que el Estado de Chile, pacte con Soquimich que el resultado impositivo pueda resultar atractivo. Hace un tiempo se ha  escrito que hay cosas que no se pueden comprar con dinero y hay quienes también sostienen que casi todo se puede comprar con dinero.

Veamos en este caso que es lo que se está comprando con dinero y si efectivamente ese dinero pudiera llegar a ser realidad. Deberíamos simplemente concluir que por un lado, se está entregando una verdadera concesión, disfrazada de renovación de un arriendo de una parte de nuestro territorio rico en Litio y que Chile adquirió con la sangre, sudor y lágrimas de toda una nación llevada a una situación extrema que obligó a una dura guerra. En cierto modo, ese gran esfuerzo nacional, que resultó exitoso hoy es entregado para su desarrollo y lucro a grandes transnacionales, que poseen poderosas herramientas internacionales y no pocos y buenos asesores chilenos para lograr sus objetivos.

Pero hay otra cosa que tampoco se puede comprar con dinero o al menos no se debiera, que es la dignidad de un Estado que según dichos de las autoridades, habría sido obligado por circunstancias judiciales y presiones internacionales a llegar a un acuerdo con una empresa que desde hace años se preparó urdiendo una compleja telaraña con el sistema político, contribuyendo al margen de la ley a financiar actividades políticas electorales, legislativas, de estudios y otras que nunca se sabrán, porque nos encontramos en el proceso de enterrar lo ocurrido por razones de Estado, que claramente algunos no divisamos.

Repetimos de esta forma, después de más de cien años una actitud obsecuente y poco inteligente, frente a una riqueza natural semejante como ha ocurrido con el Salitre y el Cobre, se ha privado al país de uno de los raros casos en que podíamos ser reales líderes tecnológicos o al menos asociarnos en serio para potenciar una riqueza del futuro próximo, en materias eléctricas, atómicas y materiales de nuevo cuño  en transporte.

La campaña orquestada para defender este acuerdo es muy sugerente y llama la atención que haya tantos oídos sordos. Llama poderosamente la atención que no se conozca aún al acuerdo celebrado ante el Árbitro, que hasta la fecha no es informado, salvo las modificaciones a un contrato por escritura pública, que es la forma como se ha arropado a la nueva operación.

Así el país no conoce el texto de la transacción y cuando decimos el país, es que no lo conoce el poder legislativo ni ha sido debatido en un consejo de gabinete y seguramente tampoco será enviado a la Corte de Apelaciones cuando se informe un recurso de protección presentado por personas agrupadas en organizaciones Atacameñas que reclaman por el daño al medio ambiente y que no se sabe si fue enviado a la Contraloría General de la República y a la Comisión Chilena de Energía Nuclear.

Por si lo anterior fuera poco, hoy estamos conociendo que el Estado a través de Codelco, sí puede explotar el litio y entonces cabe la pregunta de porqué se llegó a este acuerdo con Soquimich y la respuesta seguramente la dará el tiempo cuando lleguen los verdaderos compradores de las acciones, quizás potencias extranjeras o empresas estatales.

Así Chile repite profundamente agravado un error histórico.

Coautor de la columna, el abogado Hernán Bosselin.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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