Litio, no hay que inventar la rueda
El reciente anuncio de la agenda de la política nacional del Litio y la gobernanza de los salares es, sin duda, una buena noticia. Compartimos lo señalado por la Presidenta Bachelet cuando dice que esta política debe ser ejemplo de trabajo con las comunidades indígenas, de incentivo para el encadenamiento productivo, la generación de polos de innovación y desarrollo tecnológico, de generación y almacenamiento de energía y de formación de capital humano avanzado.
Somos junto a Bolivia y Argentina quienes reunimos las mayores reservas de Litio del planeta, lo que nos pone en una posición expectante de cara al futuro. Sin embargo, hay que reconocer que ambos países nos llevan la delantera en desarrollar una política del Litio, generando interesantes alianzas con el sector público y privado de naciones que cuentan con mayor desarrollo tecnológico, para así generar productos con mayor valor agregado.
Respecto al debate sobre las formas de explotación del Litio no hay que tratar de inventar la rueda: mientras se garantice la propiedad mayoritaria del recurso en manos del Estado, no debiera haber problema en asociarse con empresas que aporten tecnología y experiencia. Lo que no podemos seguir haciendo es entregar el Litio a cambio de un arriendo que está lejos de su valor actual en el mundo.
En el caso argentino, la japonesa Toyota firmó el 2010 un convenio con la australiana Orocobre para la explotación del Salar de Olaroz en Jujuy; así como también la Mitsubishi llegó a acuerdo con la canadiense Lithium Americas, para trabajar en conjunto en el salar de Caucharí, en Salta. A través de la Secretaría de Minería el vecino gobierno impulsó la creación de la Organización Federal de Estados Mineros, apostando a que las provincias no sólo sean dueñas de los recursos, sino que también formen empresas públicas provinciales.
En noviembre pasado Bolivia anunció que la francesa ECM Green Tech construirá una planta piloto de materiales catódicos en Potosí, donde está el Salar de Uyuni, la mayor reserva mundial de Litio. El contrato establece que la firma francesa deberá completar la infraestructura en dieciséis meses, invirtiendo casi 4 millones de dólares y también formar a los profesionales bolivianos que se encargarán de operarla. A su vez, la alemana K-UTEC AG Salt Technologies está diseñando una planta industrial de producción de carbonato de litio para su uso en la fabricación de baterías, cuya construcción se adjudicará mediante licitación internacional, con un presupuesto de entre 300 y 400 millones de dólares.
En nuestro caso, la alianza de Corfo y Codelco debiera asegurar que nuestra economía no siga siendo dependiendo de una matriz acotada o, peor aún, que siga siendo solo chino-dependiente especialmente en lo que al cobre se refiere. Para eso necesitamos superar la lógica extractivista de sólo explotar los recursos, en este caso el Litio, para exportar sin darle mayor valor a esa producción. Antes de eso, por cierto, se requiere que este mineral estratégico vuelva a manos del Estado y que se zanjen adecuadamente temas de fondo, como la superposición de pertenencias que registra SQM sobre más de 1.000 hectáreas de propiedad estatal en el Salar de Atacama.
Este es un aspecto relevante pues durante la pasada administración, además de la fallida licitación del Litio, hubo un eventual abandono de este recurso por parte del Estado. Esto queda reflejado en que tras una consulta de la Contraloría, en noviembre de 2012, SQM legalizó una escritura ante notario diciendo que estas sobremensuras fueron hechas a favor del Fisco, lo que Corfo acepta sin mayor cuestión, cuando lo que correspondía era denunciarlo según establece el Código Minero.
Por lo demás, no hay que olvidar que aunque SQM reintegrara hoy al Estado todas las pertenencias entregadas en concesión mediante ampliación del contrato de explotación, hasta 2030, en el tiempo ha venido solicitando concesiones e inscribiendo pertenencias en los terrenos aledaños, lo que considerando el estado líquido de la salmuera podría significar, alguna forma de aprovechamiento por parte de esa empresa.
Por eso, aunque el acuerdo anunciado con la empresa de capitales norteamericanos Rockwood puede ser una señal correcta en la dirección de una mayor competencia y una mayor recaudación fiscal, sigue siendo indispensable que se resuelva la controversia existente entre SQM y la Corfo. Por cierto, a la hora de terminar la relación con SQM también debiera pesar su infraccionalidad en materia laboral, que los tiene incluso con una causa de violación a los derechos de los trabajadores ante la OIT.
Además, existe la percepción no sólo de que las rentas que paga SQM son insuficientes y alejadas de los valores de mercado y de las utilidades de la empresa, sino que se ha agudizado la preocupación, porque al parecer SQM ha optado por sacar la salmuera sin tratar desde Chile, por lo que las rentas, asociadas a los volúmenes de Litio, Potasio o Acido Bórico, hace que estos pagos mínimos al Estado se vean aún más disminuidos.
Nuevamente, y como siempre en estos casos, se escuchan voces cuestionando el “estatismo”, alejándose del modelo de concesiones mineras. Es justamente la experiencia y la dependencia del cobre lo que hace que esta sea una decisión correcta. De lo contrario, pasaríamos desde el Litio en manos de SQM a otras manos privadas, sin que eso garantice nada. Y de privatizaciones ya tenemos bastante.
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