Aula segura, más allá de las sanciones
El debate nacional en torno al proyecto de ley Aula Segura o, de acuerdo a su reciente modificación, Aula Democrática, se ha centrado en las consecuencias que niños, niñas y adolescentes deben tener producto de sus actos de violencia en los establecimientos educativos. Pese a que la prioridad es la seguridad de los profesores, estudiantes y de la comunidad educativa en general, es preciso ir al fondo de estos hechos y preguntarnos qué está a la base de este actuar en los estudiantes y cómo podemos evitar que esto suceda.
Si bien el grupo de académicos y expertos en convivencia y violencia escolar señaló hace unos días de manera acertada que “investigaciones demuestran que medidas punitivas como la expulsión acrecientan la violencia”, en su paquete de medidas para hacer frente a esta situación dejan de lado algo tan esencial como la importancia de brindar apoyo a aquellos que crían, cuidan y guían a los jóvenes.
Estudios demuestran que una manera eficiente de prevenir problemas sociales, emocionales o de comportamiento durante la adolescencia es precisamente aumentar el conocimiento, las aptitudes y la confianza de los padres a la hora de criar. Nos hemos enfocado en este grupo que ya está teniendo acciones violentas y qué hacer con ellos, pero tenemos que ampliar la mirada a los que van hacia allá, para que ojalá nunca lleguen a comportarse ni sentirse así.
Ampliar la mirada implica brindar apoyo no solo a esos padres, madres y cuidadores, sino a todos, con una lógica universal, poblacional, para prevenir muy tempranamente.
Ello requiere de distintos mecanismos y niveles de apoyo que permitan llegar de manera oportuna a todas las familias, sin distinción y con la medida justa requerida.
De esta manera, aquellos padres que presenten a temprana edad inquietudes acerca de la conducta, emociones o relaciones con sus hijos, podrán recibir la ayuda necesaria; también los que ya están teniendo dificultades con el manejo de conducta, evitando que se arraiguen reacciones violentas y se tornen críticas.
Con esta lógica, las familias de adolescentes que estén ya enfrentando relaciones conflictivas, conductas transgresoras, violentas o desafiantes con sus hijos, también podrán recibir apoyo con estrategias concretas que les permitan manejar este actuar, establecer una buena relación y comunicación con sus hijos y potenciar su desarrollo.
La comunidad educativa juega un rol fundamental en todo esto. Las y los profesores pasan gran parte del día observando el comportamiento de sus alumnos, probablemente son los primeros en detectar problemas de aprendizaje, de conducta o de funcionamiento familiar que pueden estar afectando sus reacciones.
El descubrir estas conductas a tiempo, permite anticiparnos y brindar apoyo a los padres antes de que lleguen a un punto crítico.
Además, son las mismas comunidades educativas las que primero escuchan las preguntas de los padres, cuando no saben cómo resolver algo cotidiano de crianza que les está complicando y pueden ser los primeros en proveer apoyo, como está sucediendo ya en varios colegios.
Esto implica dejar de criticar el rol de unos y otros, sino verse como aliados, donde cada uno cumple un rol fundamental y complementario.
Por eso, al paquete de medidas entregado por el grupo de expertos en convivencia escolar, quisiéramos agregarle un punto fundamental que es el impulsar la construcción de alianzas entre la escuela y las familias que contribuyan a un trabajo colaborativo en la formación y el desarrollo de niños y niñas y donde éstas últimas puedan recibir apoyo en el rol que les toca, el de crianza.
Dejemos de centrar el debate en medidas cortoplacistas que sólo apuntan a las sanciones, y centremos la discusión en la prevención y en el apoyo a los padres.
La invitación es a incorporar una mirada más integral en que todos y todas, desde nuestros roles, colaboremos en la formación sana de niños y niñas.
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