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El rol público de la universidad

Lo "público" es un concepto difuso y en disputa. En países como Chile, donde el sistema de educación superior está altamente privatizado, el rol del estado en su financiamiento y regulación de calidad es mínimo. Las instituciones deben captar matrículas de pregrado y vender servicios educacionales para sobrevivir, volviendo aún más borroso lo público.

En cambio, en los países nórdicos, por ejemplo, el estado financia casi en un 100% las instituciones de educación superior (las que a la vez están fuertemente sujetas a un control de cuentas). De ahí que en estos últimos países, cuando se habla de instituciones de educación superior públicas, por antonomasia se está hablando de universidades estatales (es más, en estos países no se haría la distinción entre estatal y público).

La definición legal y financiera define lo público como aquello que es propiedad del Estado, financiado por éste y que opera bajo su responsabilidad.  Al aplicar esta definición a las universidades chilenas nos encontramos con que las universidades que son propiedad del Estado y que funcionan bajo el marco regulatorio de las instituciones públicas, reciben escaso financiamiento de éste y se han visto en dificultades para financiar sus operaciones básicas. 

Desde una definición más económica, nos encontramos con el concepto de bienes públicos.  Así, lo público se refiere a bienes y servicios que son producidos y están disponibles para todos, sin distinción ni rivalidades, su uso no reduce su disponibilidad para otros, y no involucran un costo adicional para aquellos que los consumen. De ahí que múltiples usuarios puedan acceder a estos bienes sin afectar su calidad y cantidad. 

Es necesario analizar el rol de la universidad desde la perspectiva de la producción de bienes públicos para el bien general. 

El acceso a la formación profesional deviene no sólo en un beneficio para el individuo/estudiante que se está formando, ya sea para ganarse un salario que le permita mejorar su estándar de vida o para realizarse como ser humano, sino que también para toda la sociedad. 

Esto no sólo constituye un beneficio económico social (más trabajadores formados que aumentan la productividad de un país o región), sino que en un beneficio social.  La formación recibida en la universidad y en las instituciones de educación superior permite no sólo formar sino que educar(nos) para ser mejores ciudadanos, más participativos, reflexivos, dialogantes  y promover así una sociedad más democrática.

Pero, ¿realmente el currículo y las prácticas pedagógicas incluyen esta dimensión? Probablemente, en muchas asignaturas se incorpora la dimensión de educar en un sentido integral y no sólo la de formar por competencias. 

Sin embargo, pareciera ser que a veces prevalece el discurso tecnocrático de la formación por competencias  profesionales como un fin en sí mismo y el currículum de formación integral tiende a ser más implícito o bien relegado a asignaturas no obligatorias. La universidad, a veces, se ha olvidado se cultivar dimensiones como el diálogo, la reflexión y el pensamiento crítico.

Acceso al conocimiento como bien público

El rol de la universidad en la generación de conocimiento científico ha sido clave desde principios del siglo XIX. La generación de conocimiento ha contribuido a la comprensión del mundo, a la mejora de la calidad de vida de los individuos y la sociedad a través de la resolución de problemas concretos y también del cultivo de la humanidad.

El acceso al conocimiento generado por la universidad como bien público, ha quedado condicionado y pierde la cualidad de ser accesible para todos.  Pudiera ocurrir que un conocimiento muy especializado sólo pueda ser entendido y utilizado por un grupo de expertos en la materia. 

O bien, el conocimiento podría ser utilizado como un bien que se transa y vende en el mercado para el beneficio individual de sus creadores o de la universidad, a través de la venta de patentes y de servicios profesionales. El conocimiento, en este caso, solo sirve aquí al interés de un grupo limitado y privilegiado de individuos o instituciones.

En base a esto es que las universidades públicas deben posicionarse y problematizar en torno a los intereses ideológicos y políticos que guían la creación y diseminación de cierto conocimiento y no otro, y de los mecanismos de los que dispone para permitir un amplio acceso ,que no quede limitado y regulado por los intereses de un grupo, y  sea de beneficio para toda la sociedad.

Acceso a una educación pública de calidad para todos

El acceso a un sistema de educación superior en Chile está restringido por varias razones.  Entre ellas, que se deba pagar aranceles que no todos pueden costear. Además, en el caso de las universidades selectivas para el ingreso, los estudiantes dependen del puntaje obtenido en la PSU. También sucede que la calidad de las instituciones está estratificada y pareciera ser que sólo un grupo selecto de instituciones de educación superior son de calidad.  Por lo que no es posible definirlo como un bien público ya que no es accesible a todos y es excluyente.

La sociedad chilena, ya de por sí estratificada, reproduce en su sistema de educación superior una diferenciación de acuerdo a prestigio y clase social. Si bien existen políticas públicas que están impulsando acciones afirmativas para corregir la reproducción social, aún queda mucho camino por recorrer.

Constituye un gran dilema para las políticas públicas y las instituciones de educación superior lograr un mayor acceso que sea equitativo en términos de clase social y que, a la vez, alcance estándares de calidad para todo el sistema.  La reforma del sistema de educación superior no puede perder de vista el acceso equitativo y de calidad para todos. La medida de la gratuidad tiene por objetivo corregir el acceso estratificado  al sistema.  Sin embargo, su implementación ha sido deficiente y está llevando al borde de la crisis financiera a muchas universidades, entre ellas, las estatales. En cuanto a la calidad, sigue siendo un gran desafío que debe ser abordado a través de una acción conjunta de políticas públicas e investigación.  Ya no se trata sólo de "acceder", sino de "¿acceder a qué?"

Las universidades tienen un rol preponderante a la hora de reflexionar y problematizar acerca de las clásicas tareas de formar e investigar.  Su rol involucra también ayudar a transformarnos en una sociedad en donde haya espacio para todos, y en donde todos vivamos de la mejor manera posible.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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