Gestión de la convivencia escolar pone en entredicho la calidad de la educación

Esta semana, un nuevo caso de bullying escolar nos remeció. No sólo impactó por el relato del niño afectado, que apareció a través de una carta que dejó a sus compañeros de colegio y que algunos medios citaron, sino por todo lo que ello significa hoy día para un establecimiento educacional que goza de prestigio como el Colegio San Ignacio Alonso Ovalle, cuya formación está basada en valores y principios jesuitas.

La demanda interpuesta en el 19° Juzgado Civil de Santiago por la ex apoderada Nilda Givovich, acusa negligencia ante la situación que vivió durante un tiempo su hijo, cuestión que fue confirmada de alguna manera por la psicóloga del establecimiento educacional quien le pidió perdón al niño por no haberlo ayudado.  De acuerdo a lo señalado por la prensa, el colegio indicó que se trataba de un caso puntual que había sido debidamente abordado en su momento. Sin embargo, esta afirmación es difícil de sostener pues sólo basta la visibilización de un caso de violencia escolar para poner en entredicho la gestión del colegio frente a este tema. 

“Eres un guacho sin padre, dime que se siente eso”, fue una de las brutales frases con las que un compañero, alguna vez, agredió al niño aludido. Y es que a veces en esas frases, en lo dicho y en lo que se calla, en las conductas y formas de relacionarse cotidianas se juegan este tipo de situaciones violentas, que constituyen discriminación y que se fundamentan en categorías sospechosas y que tienen por objeto anular, excluir o menoscabar.

En Chile, en materia de educación, tenemos un marco legal - institucional robusto que lo que hace es aportar con orientaciones y herramientas que permiten prevenir y actuar frente a casos como éstos.

Por un lado, tenemos los principales cuerpos legales, la Ley N°20.609 que establece medidas contra la discriminación y la Ley General de Educación N°20.370 que instala que el propósito de la educación es alcanzar el desarrollo integral de las personas para conducir sus vidas en forma tolerante, solidaria y democrática.

Por otro lado, y en el marco de los procesos de la Reforma Educacional, impulsados por el MINEDUC, tenemos la Ley de Aseguramiento de la Calidad (Ley N°20.529) y Ley N°20.536 sobre violencia escolar (2011) que faculta a los establecimientos educacionales a diseñar estrategias de promoción de la buena convivencia y prevención, estableciendo un Plan de Gestión y Protocolos de Actuación, creando la figura del encargado de convivencia, entre otras cosas.

También contamos con la Ley N° 20.845 de Inclusión Escolar que prohíbe toda forma de discriminación arbitraria y establece un plan de apoyo a la inclusión para fomentar la buena convivencia. Incluso, existe el Decreto N° 381 (2013) del MINEDUC que dentro de sus indicadores de calidad incluye el desarrollo personal y social de los y las estudiantes. También, no podemos dejar de mencionar las Orientaciones para la elaboración del Plan de Formación Ciudadana (2016) que instan y orientan a cada escuela y liceo para que “diseñen acciones que permitan a las y los estudiantes participar de procesos formativos –curriculares y extra programáticos – cuyo centro sea la búsqueda del bien común. Es decir, vivenciar el respeto, la tolerancia, la transparencia, la cooperación y la libertad; la consciencia respecto de sus derechos y responsabilidades en tanto ciudadanos”.

Con casos como el vivido por este niño de 12 años, la pregunta que surge es que falló en la cadena de servicios educacionales como para que un niño le pidiera a su mamá que lo sacara del colegio por no poder aguantar más los malos tratos que recibía.

Según palabras del propio MINEDUC a través de las orientaciones para elaboración y revisión de reglamentos de convivencia escolar “la mayor responsabilidad siempre recae en el adulto al momento de afrontar y resolver un conflicto”, por ello es que lo relevante del caso es preguntarse por la responsabilidad que tienen los actores de la comunidad educativa. Negar, naturalizar y/o invisibilizar este tipo de casos demuestra que los establecimientos, en algún sentido, contribuyen a dinámicas que propician la violencia al interior de sus aulas.

Los desafíos son varios. Es necesario que estas cuestiones efectivamente permeen el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Plan de Mejoramiento Educativo (PME), el Plan de Gestión de la Convivencia Escolar y el Reglamento Interno.

Además, se necesita incluir estos temas en  los estándares de aprendizaje y desempeño de los/as docentes, en los requisitos del reconocimiento oficial y espacios de capacitación permanentes a profesores, asistentes de la educación, auxiliares, sostenedores y directores/as en cómo prevenir y abordar la violencia y en cómo promover el respeto y la valoración de personas a partir de sus diferencias.

Es necesario que toda la comunidad educativa (incluyendo Padres y Apoderados), se informen y se empapen de su papel vigilante, de manera de estar atentos/as a situaciones de violencia de cualquier orden y sepan cómo actuar y frente a quién. Pero del mismo modo, se requiere una Superintendencia de Educación que se robustezca para fiscalizar y sancionar a los establecimientos que no cuenten con planes y manuales de Convivencia (entre otros aspectos de la gestión escolar que obliga la ley), auditar los recursos invertidos (o no) en el campo de la convivencia escolar e investigar denuncias y establecer responsables de los actos de violencia escolar.

Para que estas normativas vigentes tengan materialización en los contextos escolares, hay que reforzar una noción compartida de calidad de la educación que considere la gestión de la diversidad étnica, racial, de género, religiosa y de cualquier otro orden, que representan todos/as quienes integran la comunidad escolar.

En efecto, un establecimiento, aunque sea emblemático, aunque se jacte de sus buenos puntajes en el SIMCE y otras mediciones, además de estar infringiendo la ley, puede poner en entredicho la calidad de la educación que ofrece si no se atienden con seriedad y sistematicidad estos asuntos.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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