Saquemos los colegios del marco mercantil

Los directores, propietarios, profesores y los padres/apoderados de los niños de colegios particulares subvencionados están en pie de guerra contra la Reforma Educacional que propone el gobierno, un gobierno y un programa que fue votado por la mayoría del país. Afectados por la eliminación del lucro, hacen marchas y publican costosos insertos publicitarios en la prensa escrita.

Los “sostenedores” (propietarios, gerentes) de esos colegios alegan que se verán obligados a cerrarlos si se acaba el sistema que existió hasta ahora de financiamiento compartido o copago, en que ellos recibían un aporte del Estado y además, cobraban matrícula y mensualidad.

Esto se traducía para los padres/apoderados en que sus hijos iban a colegios “sin número”, con uniformes tal vez distintos, y donde por el hecho de pagar cuotas mensuales que van de 20 a 80 mil pesos o más, creen estarle brindando una mejor educación escolar a sus hijos.

Estos colegios particulares subvencionados, que durante los últimos años han colaborado indudablemente a la formación escolar de los niños chilenos –-al igual que los particulares pagados que no reciben ayuda fiscal — hasta ahora han existido con el aporte que les otorga el Estado por cada alumno asistente. De este modo, financian sus gastos de mantención del establecimiento incluyendo los sueldos de los profesores y además, el dueño o los dueños del establecimiento pueden acumular utilidades por su gestión.

Todo parecía miel sobre hojuelas hasta que durante los estudios realizados para diseñar la Reforma Educacional se reparó en que esa ganancia no se vuelca necesariamente en el mejoramiento del servicio educacional, lo que significa lucrar con fondos públicos.

El proyecto de ley que se discute en el Parlamento otorga un plazo de dos años para que los sostenedores o propietarios de estos colegios constituidos como persona jurídica CON fines de lucro, cambien la figura a una corporación SIN fines de lucro. Si no quieren hacerlo y quieren seguir en el rubro de la educación, deberán transformarse en particulares pagados.

Cierto que es un cambio radical. Pero no es excusa para dilatar el debate aduciendo que hay que partir por la calidad de la educación o mejorar la educación pública. Pues  bien, todo esto se hará (y algunos temas ya se están abordando) conforme al itinerario de esta Reforma tan compleja, que consta de cien medidas y once proyectos de ley, cada uno abordando un aspecto distinto y que se encamina a entregar una escolaridad de calidad y gratuita para todos.

El problema de fondo es que primero hay que sacar a la Educación del marco mercantil en que la colocó el sistema neoliberal y recolocarla en su verdadero sitio: un derecho social al que todos los niños y jóvenes tengan acceso sin mediar la condición socio-económica-cultural de sus familias.

Y para eso, lo primero es acabar con el lucro en los establecimientos que reciben aporte fiscal. Así los padres ahorrarán esa mensualidad que el Estado aportará en su lugar en las futuras escuelas SIN fines de lucro para que  el factor dinero no sea el peaje que hay que pagar para que sus hijos accedan a una mejor educación.

Aunque los actuales escasos colegios particulares que no reciben dineros fiscales podrán seguir en lo suyo, la mayoría de las escuelas serán en el futuro próximo lugares donde convivan niños y niñas de diversos orígenes enriqueciendo su proceso educativo y recibiendo la misma educación de alta calidad. Con un nuevo espíritu de convivencia común y colaboración combatiremos la competencia que hasta ahora ha sido la regla para alumnos y para  colegios.

Así comenzamos a limar la desigualdad, la enfermedad mayor de nuestro país, una patria que necesita con urgencia elevar sus estándares educativos hoy por el suelo para contar con brazos y mentes más preparados para las grandes tareas del futuro.