Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña
Esta clásica canción que se cantaba en los recreos quizá representa en lo que está la discusión sobre el proyecto Aula Segura. La pregunta es por qué si la gran mayoría de las personas están de acuerdo en condenar la violencia al interior de los establecimientos, la propuesta tiene tantos detractores y posiciones encontradas.
¿Será porque la receta es peor que la enfermedad?
¿Será porque al parecer es inconstitucional?
¿Será porque no respeta el debido proceso?
Claramente, nadie que lance una molotov en el colegio o rocíe combustible a un profesor o a cualquier integrante de la comunidad escolar está defendiendo la calidad de la educación.
Visto así, el proyecto parece hacerse cargo de un fenómeno real, donde la violencia amenaza con imponerse como método para enfrentar las diferencias, con lo que el proyecto del Gobierno parecía ir en la dirección correcta, no obstante el rechazo que tuvo en la Comisión de Constitución del Senado.
Sin embargo, a mi juicio no sólo se trata de una reacción desesperada frente a hechos deleznables, sino que además se está perdiendo la oportunidad de discutir un tema y entregar herramientas más eficientes a hechos que afectan la convivencia diaria. Se está tratando de legislar sobre la excepción, grave por cierto, pero no sobre lo que realmente impactaría en las comunidades educativas y que hoy los agobia.
Me preocupan las palabras de la ministra de Educación, quien se refirió a este “síntoma” con un lenguaje más propio de la seguridad y el control, que de la formación y la educación.
Frente a esto, como Alcaldesa y sostenedora de establecimientos públicos con distintos grados de vulnerabilidad, me permito llamar a que no olvidemos que junto a cualquier consideración penal o punitiva también requerimos de una mirada en perspectiva capaz de asumir y combinar la prevención, la detección temprana, las consecuencias de los actos tanto en el castigo como en la reparación del mal causado.
Por lo anterior creo que antes de regular la expulsión express hay que hacerse cargo de analizar el rol que tiene la Superintendencia de Educación en la supervisión de los establecimientos educacionales en esta materia, porque si hay que realizar modificaciones legales significa que esta entidad no ha dado el ancho en este problema.
Sólo a modo de ejemplo, hay casos concretos donde sostenedores hemos recibido multas por aplicar medidas que resguardan a nuestra comunidad educativa frente a hechos de violencia. Esta facultad está entregada a los Manuales de Convivencia, sin embargo se nos pide que esté contemplado cada caso, lo que es en la práctica imposible.
Por otra parte, si bien nadie podría estar a favor de la violencia, tampoco podemos pasar por alto las preguntas de fondo.
¿Cuál es la mejor manera de evitar que se instale en nuestros colegios? ¿Qué herramientas o instrumentos son más efectivos para prever situaciones de riesgo o para abordar situaciones de violencia que comprometen a la comunidad educativa?
La propuesta legislativa del Ejecutivo sólo actúa después que la violencia se produce y con ello sólo quita visibilidad a una serie de hechos que decantaron esa situación.
Entonces, se requiere de una mirada menos simplista para responder estas interrogantes, que sea capaz de enfrentar la violencia como un proceso global y no como hechos aislados que ocurren espontáneamente.
Creo que quedarnos sólo en la medida de expulsión - que reconozco como necesaria en casos excepcionales de riesgo para la comunidad escolar- supone mirar una parte minúscula del problema, que a la vez produce un daño enorme al desvincular a la comunidad educativa de la posibilidad de actuar a tiempo.
Quienes trabajamos en comunidades escolares sabemos que la escuela en si es factor protector para nuestros estudiantes. Desde esa perspectiva, se debe dar espacios de autonomía para que las propias comunidades escolares enfrenten estos problemas desde la prevención y desde la actuación oportuna, siempre pensando en el bien superior de todas y todos los niños.
Asimismo, el compromiso del Gobierno de reubicar a los estudiantes expulsados, debe contener un plan de reparación y acompañamiento serio y detallado, que permita dar una nueva oportunidad a aquellos estudiantes que han validado la violencia como forma de relación con sus pares.
También se requiere un esfuerzo mucho mayor que sólo definir medidas. Se necesita un plan sistemático, reforzado - con recursos y metodologías frescas - para no repetir o multiplicar experiencias fallidas, cuyos modelos han servido para promover aún más la segregación y estigmatización.
Con todo, la receta más efectiva para fortalecer el remedio a esta enfermedad apunta a incentivar el desarrollo de comunidades escolares dialogantes, promover fórmulas y herramientas para la detección temprana, reconocer y actuar con espíritu preventivo sobre las consecuencias que el hecho de violencia genera en la comunidad escolar y por último, actuar de manera reparatoria sobre víctimas y agresores por igual.
El peor error a mi juicio es tratar de seguir llamando más elefantes a balancearse en una tela de araña muy delgada y frágil, para sostener hechos mucho más complejos y habituales que se viven a diario en nuestras comunidades educativas, pero que no se van a resolver con este proyecto.
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