Reservado el derecho de admisión

A partir de ahora España no es apta para inmigrantes sin papeles, pobres y de salud precaria.

Bueno, hay que aclarar que desde que la crisis se asentó en el país y sus alrededores el colectivo de hombres, mujeres o familias provenientes de territorios no pertenecientes a la Unión Europea fueron vistos con malos ojos.

Ya no era necesaria la mano de obra barata imprescindible para construir autopistas, túneles, vías ferroviarias para trenes veloces, con estaciones en las que nadie sube o nadie baja, puertos para poner a buen resguardo yates valorados en cientos o varios millones de euros, parques temáticos, aeropuertos a la espera de aviones que no llegan o urbanizaciones de lujo, con campos de golf incluidos.

El gobierno español, metido de lleno en una política de recortes presupuestarios, ha sacado de prisa y corriendo un decreto ley destinado a ahorrar en la sanidad pública unos 500 millones de euros.

La medida, que ha entrado en vigor el 1 de septiembre, afecta directamente a centenares de miles de inmigrantes no comunitarios en situación irregular. Se calcula que unos cinco mil chilenos se verán afectados. A ellos se les retira la tarjeta de Sanidad, se les obliga a pagar el costo de las atenciones que reciba, salvo si éstas se realizan en centro de urgencias, y se les insta a pagar una póliza de cobertura sanitaria completa que difícilmente pueden acceder.Nada extraño si los inmigrantes son uno de los colectivos sociales más vulnerables en las circunstancias actuales.

La atención vinculada a la maternidad y la que reciben menores y jóvenes hasta los 18 años se mantiene sin variantes.

La medida gubernamental ha provocado reacciones de todo calibre. Y es tal el desbarajuste que las 17 comunidades (regiones) autónomas españolas han adoptado posturas dispares, independientemente del partido que en ellas gobierna. Se puede decir que mientras unas acatan el decreto ley sin chistar, otras lo interpretan con matices y algunas, en actitud de franca rebeldía, han decidido ignorarlo y seguir la política de asistencia sanitaria de siempre.

Se calcula que casi dos mil médicos y profesionales de la salud han optado por declararse objetores a la vez que ratifican el compromiso de seguir atendiendo a los inmigrantes “sin papeles” tengan o no la tarjeta de Sanidad o medios para pagar la asistencia.

Estos objetores, que son apoyados por organizaciones no gubernamentales, se comprometen a dar a los inmigrantes afectados atención primaria, actividades preventivas, prescripción de medicamentos esenciales y hacer seguimiento de aquellos con discapacidades.

La presidenta de la comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que en un acto de aparente generosidad anunció que los inmigrantes con enfermedades crónicas seguirá siendo atendidos , advirtió a los objetores que ellos podrán hacer su cometido con los inmigrantes sin papeles fuera de su horario de trabajo y en lugares ajenos a los centros sanitarios públicos.

Aunque las presiones contra el gobierno español para no aplicar el decreto ley no han surtido efecto, los que se oponen a la medida no cejan en su campaña contra lo que consideran “desmantelamiento del Sistema Nacional de Salud Pública”.

Consideran que es injusto equiparar a los inmigrantes irregulares con los llamados “turistas sanitarios” procedentes de los países comunitarios que prefieren recibir atención médica en España que en sus lugares de origen.

Advierten que en los centros de urgencia se producirá una saturación de servicios por el elevado número de personas que acudirán para ser atendidas. También señalan que en situaciones de epidemias será difícil llevar un control estricto de los afectados, lo que representará un riesgo para los enfermos y la población en general.

Hay serias dudas de la efectividad de la medida en cuanto el ahorro de millones de euros que pretende conseguir el Estado por privar de atención a los sin papeles.

Hay quienes sospechan, y no les falta razón, que con el decreto ley que deja sin cobertura sanitaria gratuita a los extranjeros no comunitarios sin papeles se pretende abrir la puerta para expulsarlos de España.

Alfonso Alonso, portavoz del Partido Popular, en el Gobierno, no pudo ser más contundente.

“La salida del país de los inmigrantes en situación irregular no es postulado que se pueda defender o no, sino que así lo establece la ley. Si no, no seremos nunca un país serio, creíble y solvente”

Ahí queda eso.