A 10 años de la Ley penal adolescente

Con la creación en 2007 de la Ley N°20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA), la oferta de servicios se reconfigura para adaptarse a los requerimientos de dicha normativa y, en términos generales, al tipo de sanciones que la ley contempla incorporando el enfoque psicosocial y educativo.

No obstante ello, tal como Sename ha informado, cerca de un 50% de los adolescentes reinciden antes de 2 años, cifras muy similares a la reincidencia penal adulta. Frente a esta realidad cabe preguntarse si la oferta especializada es eficaz en lograr el desistimiento delictivo y la reinserción social o, por el contrario, la inexistencia de tribunales de ejecución de penas y de programas con evidencia positiva, entre otros factores, son debilidades que hacen que los objetivos de la Ley no se estén logrando. 

Los  modelos parentales inadecuados, situaciones de exclusión social como pobreza, deserción escolar, consumo problemático de drogas y alcohol constituyen factores de riesgo que impiden la rehabilitación y efectiva reinserción de estos niños, niñas y adolescentes, que se transforman en íconos visibles de la falta de una respuesta eficaz desde la política pública para impulsar el desistimiento de tales comportamientos. 

En la experiencia internacional, una rápida revisión de la literatura nos muestra que tres de los programas implementados en Chile presentan evidencia empírica que da cuenta de su efectividad: Terapia Familiar Funcional, Programa de Parentalidad Positiva y Terapia Multisistémica.

La Subsecretaria de Prevención del Delito ha informado que un total de poco más de tres mil familias se encuentran en terapia multisistémica con promisorios resultados en desistimiento delictivo, alcanzando tasas superiores al 70%, lo que es un resultado prometedor, pero que por lo mismo implica mirar la necesidad de invertir en su replicabilidad de manera decidida, a fin de reducir la brecha existente.

Una adecuada intervención temprana tendiente a impedir que niños y adolescentes inicien o persistan en sus trayectorias delictivas tiene clara relación con  el número y gravedad de los delitos actuales y futuros que cometan, pero también es una oportunidad para cerrar espacios de exclusión que impidan avanzar a un desarrollo positivo erradicando las conductas antisociales y creando factores protectores. 

Urge tener una mirada que incorpore una oferta  de mayor especialización que en el ámbito de la Ley Penal Adolescente, que sólo se focaliza en los imputables mayores de 14 y menores de 18, sin contemplar en este tipo de prestaciones a los niños/as y adolescentes en calidad de inimputables privándoles de una efectiva posibilidad de reinserción a partir de terapias que apunten a  la disminución de los factores de riesgo socio-delictivos.

De esta forma, no sólo aportaremos a la seguridad pública, sino que tendremos la convicción de responder con verdadera justicia frente a nuestra infancia.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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