El Estado de Derecho debe prevalecer

Durante semanas que el debate público giró en torno a la fuerte controversia entre el Ministerio Público y Carabineros de Chile, producida en el curso de la investigación judicial originada en los graves y alarmantes atentados incendiarios para quemar camiones que conmocionan e impactan a escala nacional, pero cuyo epicentro radica en la Region de la Araucania.

En Temuco, este viernes 9, el Tribunal de Garantía, acogió la tesis del Ministerio Público de no perseverar en el caso ante la presentación de pruebas contaminadas o adulteradas en la mensajería telefónica de los imputados y acogió el sobreseimiento de la causa ante la inexistencia de pruebas que la justifiquen.

Los hechos son altamente preocupantes. Al tratarse de una investigación que vincula la acción de la policía uniformada, de los tribunales e incluso del Gobierno, con el tema mapuche, es decir, de la relación del Estado con el pueblo indígena más gravitante en el carácter pluricultural de la nación chilena, la situación asumió una trascendencia de amplias repercusiones institucionales, el logro de la paz social y el afianzamiento de la gobernabilidad democrática.

En este dilema el Estado de Derecho debe prevalecer. No hay término medio. Este no es un problema de una simpatía mayor o menor hacia tal o cual institución, menos aún una temática circunscrita al juego de la contingencia entre gobierno y oposición. De lo que se trata es que el Estado no puede encarcelar a nadie sin tener la capacidad de verificarlo y comprobarlo, peor aún si recurre a pruebas falsas que provocan el cierre del proceso como sucedió en Temuco.

El Estado no puede fallar en este ámbito. De un lado no puede haber debilidad o inoperancia ante delitos graves como los ataques incendiarios para los cuales se toma el nombre del pueblo mapuche y, de otro lado, no pueden haber cargos y pruebas falsas para culpar a personas de las que se sospecha, pero de cuya culpabilidad no hay pruebas o antecedentes fidedignos.

Las personas mapuche no pueden ser culpabilizadas por el hecho de serlo. Tal odiosa discriminacion es inadmisible. En el Estado de Derecho democrático que se está desarrollando y madurando día a día ello es total y enteramente inaceptable.Tampoco pueden ser objeto de sospecha la acción de los fiscales por su labor de persecutores y los policías por su tarea de investigar.

Pero, la desconfianza es real. Se ha tocado el centro nervioso del sistema de justicia, lo que exige que los hechos sean esclarecidos y quienes hayan errado en su labor deben saber asumirlo a la brevedad.

En el caso que se expresen roces o celos corporativos o demandas que exceden el justo espacio de la autonomía organizacional se deben resolver y suprimir. Ninguna entidad puede mandarse por su cuenta, como tampoco puede arrogarse funciones que no le estén expresamente conferidas. En este ámbito la responsabilidad del gobierno es fundamental.

A pocas horas de la decisión del Tribunal de Garantía de Temuco es la fe pública la que está en juego; por eso, por encima de esta grave y desafortunada contingencia, es el Estado de Derecho él que debe imperar en la Region y en el país.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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