¿Un nuevo enjuiciamiento mapuche?

En un confuso incidente en Ercilla, un nuevo hecho represivo en una comunidad indígena mapuche cobró esta vez la vida de un funcionario policial, el Sargento Segundo Hugo Albornoz, quien recibió un impacto de bala en su cuello, herida que posteriormente le causó la muerte.

Este acontecimiento enluta a su institución.Pero sobre todo trae dolor y tristeza para su familia y sus seres queridos.

Ninguna causa, ningún procedimiento, pueden justificar la pérdida dramática de una vida.

Los mapuches saben de esto y sus comunidades han llorado en estos años la muerte de 11 jóvenes mapuches.

El Fiscal Luis Chamorro ha ordenado una investigación “reservada” de 30 días para esclarecer las causas de la muerte de Hugo Albornoz y es del todo necesario y conveniente para la paz social y para la sociedad el que los hechos reales sean revelados, pues está el derecho de su familia a saber cómo acontecieron los hechos.

Por otra parte, hay una comunidad indígena, nuevamente puesta en cuestión, pues en algunos medios de prensa se ha especulado con la posibilidad de que el disparo fatal haya surgido de algún tipo de arma supuestamente en posesión de algún comunero.

Los voceros de la comunidad Wente Winkul Mapu han emitido una declaración reciente en donde señalan sus dudas respecto de eventuales versiones de una emboscada y apuntan a la posibilidad de un accidente entre los propios funcionarios policiales.

Cierto o no, será una investigación seria y rigurosa la que determine los hechos, especialmente porque si es un accidente, el Estado estará obligado a indemnizar a la familia del infortunado Sargento Albornoz. Si su muerte es atribuible a terceros será una Corte la que determinará las sanciones del caso. Lo que es imprescindible es que esta muerte, ni ninguna otra, pueden quedar sin una respuesta precisa.

También resulta natural pensar que la comunidad Wente Winkul Mapu tenga interrogantes respecto del Fiscal Chamorro. Él estuvo presente en el operativo que terminó con la vida de Hugo Albornoz.

Las fuerzas policiales en número cercano a 50 uniformados arribaron temprano a dicha comunidad e iniciaron un intenso allanamiento y procedieron a detener a mujeres por supuesta tenencia de pasamontaña, arma hechiza y un cartucho de escopeta….La versión policial indica que la bala que se disparó en contra del uniformado emerge al final del proceso, en un contexto de emboscada.

La comunidad declara formalmente que el hecho ocurre “luego que se retira parte de la caravana policial y en un lugar distinto al de los allanamientos, un contingente superior a los 60 carabineros irrumpe en otro sector de la comunidad, por distintos lados, disparando de manera indiscriminada en contra de la casas”…

Por lo tanto, sería presumible que la bala que alcanza al uniformado, pudiese provenir de los propios camaradas de armas.Tenemos por tanto dos versiones para un mismo problema. Y la Fiscalía Nacional tiene la obligación de aclarar las circunstancias. Y hacerlo con imparcialidad.

Y cualquiera sea la respuesta a esta investigación, el hecho principal es que la presencia de Carabineros y la creciente militarización de Ercilla y otros lugares de la Araucanía, no sería necesaria si el Estado cumpliese con las obligaciones del Convenio 169, hoy Ley de la República, en cuanto a brindar satisfacción efectiva a las demandas territoriales y de derechos integrales de nuestros Pueblos Indígenas.

Estamos arrastrando como sociedad una deuda histórica mal encarada por el actual Gobierno conservador y deficientemente asumida por el movimiento democrático.Esto comprende al parlamento, los partidos políticos y la sociedad en su conjunto.

Y los hechos de violencia, constantemente, apuntan a criminalizar a una etnia, sin que nadie en general repare en el hecho sustancial de que la primera y principal violencia es la que el Estado ha ejercido en contra de los Indígenas en diversos períodos de nuestra historia.

En consecuencia, no es sólo el esclarecimiento de la verdad lo que importa en este lamentable caso.

También interesa al país que la Paz en las zonas indígenas tensionadas sea fruto de la Justicia y no de la imposición de normas represivas. Para ello, el Convenio 169 de la OIT es un referente que no debemos descuidar y en esto el Gobierno y el Parlamento tienen la más importante responsabilidad.