Un primer paso, justicia

Cada media hora en nuestro país, un niño sufre abuso sexual. El reciente informe del INDH da cuenta de un 7% de víctimas en que más de un 60% convive cotidiana y actualmente con su agresor.

Los testimonios conocidos en los Colegios de la Congregación de los Hermanos Maristas dan cuenta de procesos largos, de 20 a 40 años, hasta que la víctima pueda elaborar un relato cuando logra liberarse del ambiente normalizador y de las influencias emocionales, económicas o sociales del abusador, muchas veces mediando la intervención terapéutica que le permita reparar el trauma.

Estos procesos exceden con creces los plazos de protección jurídica establecida y superan los tiempos de prescripción, dejando en la impunidad el delito y re victimizando a quien impotente no ve un espacio de reparación.

Es por esta razón que desde el 2010 se ha presentado un proyecto de Ley para eliminar la prescripción frente a casos de abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, iniciativa impulsada por la psicóloga Vinka Jackson y el médico James Hamilton, además de un conjunto importante de organizaciones de la sociedad civil.

Los plazos actuales de prescripción hasta 10 años después de los 18 años implican un tope máximo a los 28 años, limitando el derecho a la justicia de las víctimas, muchas de las cuales no han logrado concluir su proceso o ni tan siquiera iniciarlo.

El Ejecutivo tiene la responsabilidad de dar urgencia a los plazos  de  la iniciativa o vamos a tener una década perdida en la tramitación, algo sin duda conveniente para los victimarios que descansan en la pasividad  de nuestras autoridades frente a las graves vulneraciones y atropellos a la infancia.

El abuso sexual es una forma brutal de tortura, normada internacionalmente con la imprescriptibilidad, un crimen que se aprovecha de la confianza y cercanía, que teje redes de protección capaz de confundir y radicar en la víctima la carga del delito, aquella que tendrá que aportar las pruebas y probar su inocencia, la que arrebataron y mancillaron frente a nuestras narices, a la que acusamos y abandonamos y que con dignidad y resiliencia se ha puesto de pie para denunciar aun exponiéndose al descrédito, a la discriminación y a la marginación.

Son ellas las que sufren la calumnia, las que son rechazadas y, sin embargo, siguen de pie porque no quieren que nunca más haya un niño que sufra lo que ellos vivieron.

Lo mínimo que podemos hacer por ellos es respetar el derecho al tiempo, ya quisiéramos que el Estado y la sociedad invirtieran en prevención porque ciertamente más que un buen terapeuta o una sanción quisiéramos que ningún niño sea otra víctima. Pero este es un primer paso de Justicia, no demoremos más en emprender este camino.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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