Agua y Tierra, unión que no considera el Código de Aguas

Sara Larraín

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Este Día de la Tierra se celebra en un contexto de serios problemas políticos y de gestión de los recursos naturales, entre ellos el agua. Santiago, la capital del país y donde vive casi 40 por ciento de la población está sin agua y el gobierno regional ha debido suspender las clases en colegios y universidades, suspender las actividades laborales en todas las industrias y oficinas, salvo  aquellas que  cuenten con reservas de agua.

Esta situación en Chile ya no es un imprevisto de extrema turbiedad de las aguas producto de las lluvias más calientes que trae el cambio climático, y que Aguas Andinas no puede tratar. Es producto de una gestión deficiente de los recursos hídricos , centrada en criterios de mínimo costo y máxima rentabilidad, donde la empresa no ha hecho las inversiones para responder a este factor de riesgo, conocido por todos, y el gobierno no ha fiscalizado ni mejorado las condiciones de las concesiones sanitarias como debiera. ¿Resultado? La paralización de la capital del país, y de no resolverse luego, una emergencia sanitaria de proporciones en la capital de uno de los miembros de la OECD.

¿Inesperado? No. Totalmente previsible, es la quinta o sexta vez que ocurre el mismo fenómeno durante los últimos 6 años  en la cuenca del Maipo. Los cortes por turbiedad han ocurrido todos los veranos u otoños desde 2011,  y por tanto una  variable que ya debería haber incorporado  la empresa y la política publica. 

Pero en Chile no existen obligaciones  ni fiscalización adecuada para este tipo de riesgos, porque resta rentabilidad a los negocios y nuestro ministerio de Hacienda, y descaradamente en esta administración cautela la priorización de las inversiones por sobre cualquier interés público.

En el ámbito de  las decisiones para  corregir errores que están causando daños sociales y ambientales  evidentes en la política publica, la situación es la misma. Desde hace más de cuatro años el Congreso tramita una reforma al Código de aguas iniciada por una moción parlamentaria.

La Cámara aprobó por amplia mayoría  la reforma, que aunque no incluye todo lo necesario, significa un tremendo avance para resolver los problemas sociales y ambientales de acceso, distribución y gestión de las aguas. Pero además de retrasar la aprobación de la reforma en la Comisión de Hacienda, el ministro de hacienda ejerciendo la vocería de los reclamos empresariales, logró que la Presidenta firmara un conjunto de indicaciones  que ingresaron al Senado  la semana pasada, en las que se insiste en  una concepción  errada de la gestión de los recursos hídricos en nuestro país, que mantiene la separación entre la tierra y el agua,  adjudica los recursos a muy largo plazo o a perpetuidad, debilitando las prioridades de los usos esenciales  y de subsistencia del agua. .

El lobby de los gremios vehiculados por Hacienda ha empujado al gobierno a cercenar la nueva reforma, y dar la espalda a los compromisos de campaña  de quienes los eligieron, como si los gremios votaran por la actual coalición gobernante.

Parece que el ejecutivo prefiere mantener la situación critica a que nos ha llevado el Código vigente ya más de 30 años y seguir permitiendo que se sequen los ríos y acuíferos subterráneos; perpetuar la provisión de agua a través de camiones aljibe para la población rural y sectores urbanos carenciados; hacer oídos sordos a la contaminación de las aguas superficiales y napas subterráneas,  pues el objetivo final es  mantener un régimen propietarista sobre las aguas por sobre las necesidades básicas y el interés público.

La importancia del agua para la tierra y la población  tiene débil eco en el gobierno. Así una de las indicaciones, apoyadas por el senador Pizarro, propone eliminar “el uso del agua para fines domésticos y de subsistencia” dentro de las prioridades  de utilización de las aguas.

Los gremios, a través del ministro de Hacienda  también lograron que el gobierno esté proponiendo suprimir la facultad de la DGA para  establecer “caudales ecológicos mínimos en ecosistemas amenazados, degradados o sitios prioritarios” donde una fuente de agua esté siendo afectada. Además propone eximir a las centrales hidroeléctricas del cumplimiento de caudales ecológicos mínimos, dándoles permiso para secar esteros y ríos. La minería por su parte logró eliminar la obligación que aprobó la Cámara de pedir autorización para el uso de las “aguas halladas” en su área de concesión.

Así las cosas es claro que los gremios siguen imponiendo sus prioridades de máxima rentabilidad y el gobierno renuncia a resguardar el interés público. 

Esta lógica evidente en la tramitación de la reforma del Código de aguas también se ha demostrado en la negociación de otras políticas públicas. Y se evidencia en la inercia de exigir a los concesionarios de servicios sanitarios a incorporar los factores  de riesgo en la provisión de este servicio esencial.  Así se va diluyendo el Estado, esta institución política creada en los tiempos modernos para asegurar el resguardo del interés público y la sana convivencia entre los intereses presentes en una nación.

Hoy, la conmemoración del  Día de la Tierra en Chile  nos encuentra incendiados y sin una propuesta  normativa para la restauración, sin agua y sin muchas luces de que los cortes de agua potable y  la ignominia de los camiones aljibe  no se perpetúen.

Sin seguridad de que los ríos se sigan secando o que las poblaciones ubicadas en las quebradas se sigan aluvionando,  quemando o inundando. Es que las políticas públicas al parecer con consideradas una amenaza o un riesgo a la inversión.

¿Pero quién paga la cuenta de no tener o no mejorar las políticas públicas, de no ordenar el territorio,  o de no gestión sustentable para el agua y las cuencas?  La pagamos todos, pero impacta  especialmente y a veces en forma irreversible a  la tierra y a los  más desfavorecidos.  Esto es lo que se está jugando en reformas como la del  Código de Aguas y esto es lo que nos trae a la memoria la conmemoración del Día de la Tierra.