Dominga, el proyecto que hizo mal las cosas

Luego que la autoridad ambiental ratificara de forma definitiva el cese de cualquier posible intento de Andes Iron sobre avanzar con el proyecto minero portuario Dominga, se desató de forma peligrosa e inédita una ofensiva político-comunicacional en contra de la institucionalidad ambiental que rige en el país.

Todo con un propósito claro de cuestionar y, en lo posible, revertir una decisión tomada acorde a la ley, y al más mínimo sentido común, pretendiendo dejar en tela de juicio la determinación tomada el pasado lunes, recurriendo a argumentos que no solamente son errados, sino preocupantes.

Recordemos que el Consejo de Ministros simplemente respetó lo resuelto por la instancia regional de evaluación ambiental en marzo, donde se resolvió – de manera correcta a nuestro parecer – que los informes de Dominga no eran suficientes para determinar el impacto que este generaría, esencialmente en la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.

Este proyecto minero portuario, tal como representó la Conaf y la misma ciudadanía, generaría impactos en áreas particularmente importantes para el Estado, lo que no fue reflejado en el Estudio de Impacto Ambiental que presentó la empresa y que solo se reconoció insuficiente unos meses antes que el organismo evaluador emitiera un dictamen final de Dominga.

Es más, si hay que reprochar algo al Sistema de Evaluación Ambiental en este caso, es que no declaró inadmisible, de manera inmediata, el proyecto por carecer de la información necesaria para que fuera evaluado.

Cualquier proceso de evaluación ambiental debe determinar, cabal y anticipadamente, todos los impactos que un proyecto puede generar en un territorio, además de analizar la legalidad de estos impactos y establecer las medidas de mitigación, compensación y reparación adecuadas.

Si esta información ya era incompleta y hacía caso omiso a las observaciones que tanto los servicios con competencia ambiental como la ciudadanía realizaron, en más de una ocasión, la autoridad ambiental ni siquiera debió cuestionar un rechazo explícito al proyecto.

Los que apoyaron Dominga debieran pedir explicaciones a quienes elaboraron un  proyecto deficiente. Su incompleta presentación generó que fuera descartado por la gran cantidad de errores que cometieron en temas medio ambientales.

Siquiera suponer lo contrario, y acusar un “Lobby Político” como el ex Presidente Sebastián Piñera lo hizo, demuestra un actuar imprudente por parte de Andes Iron, dejando en evidencia que las empresas y el sector extractivo en general, no ha tomado en cuenta ni ha sido capaz de adaptarse a los estándares básicos en materia de evaluación ambiental que nuestro país implementó en la última década.

Nuestro compromiso como país con la OCDE, el fortalecer la participación ciudadana y los requisitos cada vez más estrictos que permiten descartar estos proyectos deficientes, son obras de acuerdos de todo el espectro político y que fueron legislados en el gobierno de la Presidenta, Michelle Bachelet. Si la empresa que lleva Dominga cuestiona esto, debiera generar, al menos, un reclamo formal por denostar la institucionalidad.

No es juicioso ni contribuye a la tan ansiada “certeza jurídica para la inversión” que critiquemos y ensuciemos, como busca la empresa, al Sistema de Evaluación Ambiental solamente cuando nos rechazan los proyectos. Es paradójico que Dominga busque instancias y recursos judiciales para defender sus derechos gracias a la institucionalidad contra la que reclama y denosta públicamente.

Mientras los tribunales deciden, debemos avanzar en los verdaderos problemas que, considero, dejó a la vista el caso Dominga.

Es necesario profundizar en ideas como regular a las consultoras que preparan los estudios y declaraciones de impacto ambiental; fortalecer los procesos de admisibilidad de los proyectos y el establecer delitos con relación al proceso de  evaluación ambiental, con el objetivo que se cobre una particular importancia en el tema y que sea la base para un necesario debate en el que apuntemos a mejorar nuestra institucionalidad ambiental.

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Edición
Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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