Dunas de Concón

En el último tiempo se ha hablado mucho acerca de la paulatina depredación de este campo dunar, otrora protegido por las disposiciones legales del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN).

Hoy en día algunos están proponiendo que, bajo la fórmula de la "utilidad pública", se expropie ese amplio ondulado terreno a sus propietarios, empresa Reconsa de la familia Soza, teniéndose en cuenta que esos vastos territorios, por tener usos de suelo aptos para negocios inmobiliarios, tienen elevados precios comerciales.

Lo que se desea es recuperar para esa atractiva zona de arenas relictas la categoría de Santuario de la Naturaleza que tenía antes de que se produjera un acomodo político-mercantil con el cual, en pocos meses, se borró con el codo lo que se había firmado con la mano.

Con la idea de que ahora el Estado, al expropiar, no tenga que desembolsar tantos millones de dólares a sus dueños, unos parlamentarios de distintos partidos políticos dicen que la inmobiliaria que allí ha levantado innumerables torres había renunciado a ser indemnizada y que, por ello, sería posible la expropiación a costo cero.

A continuación relataremos ciertos hechos vergonzosos sobre lo acontecido con este campo dunar.

Pues bien, acorde con el ORD. Nº 329, del 14 de abril de 1992, firmado por el alcalde de Viña del Mar, validado técnicamente por un informe de un académico de geomorfología de la Escuela de Geografía de la Universidad de Chile y sobre la base del oficio Nº 12.386 del 4 de marzo de 1993, firmado por el presidente de la Cámara de Diputados, el CMN adoptó el acuerdo, conforme a la Ley 17.288, para declarar el territorio (sectores A1 y A2 del plano respectivo) de 50 hectáreas que formaba parte de las 150 denominadas Campo Dunar de Concón, como Santuario de la Naturaleza, enorme paraje que le pertenecía a la Sucesión Borgoño, cuyo apellido tiene la serpenteante avenida que une el borde costero de los balnearios de Reñaca y Concón.

El Presidente, Patricio Aylwin, y su ministro de Educación, Jorge Arrate, firmaron el 5 de agosto de 1993 el Decreto Supremo 481, por el cual se protegieron legalmente esos sectores porque, entre otras razones, “consideraron que existe una inquietud creciente en el mundo sobre el tema del medio ambiente y porque el ser humano tiene un íntima relación con ese medio”.

La Conama de la V Región decía en aquel entonces que ese campo dunar “es un tesoro geológico en vías de extinción” y en ese decreto se hizo notar el valor escénico y estético, así como el especial ambiente y belleza de este conjunto de dunas, asociadas con un borde costero de hermosos roqueríos. Es decir en esa época pretérita la institucionalidad del Estado funcionó correctamente, al igual que en los países serios.

Pero tan pronto se publicó en el Diario Oficial esa protección patrimonial, los dueños de Reconsa, en particular, y el sector de la construcción, en general, empezaron a movilizarse para anular la legítima decisión adoptada por el Estado de Chile.

Sus acciones de cabilderas contaron con la valiosa y ágil cooperación de influyentes personeros políticos progresistas, quienes con extrema soltura demostraron saber cómo hay que moverse en los vericuetos de la administración para lograr sus propósitos.

Y así fue como el 9 de marzo de 1994, dos días antes del cambio de gobierno, las mismas altas autoridades firmantes del Decreto Supremo 481 se dieron vuelta la chaqueta y suscribieron el Decreto Supremo 106, que modificó radicalmente el anterior con el justificativo de que “la conservación del medio ambiente no se puede plantear en un sentido restrictivo, porque nuestro país requiere satisfacer necesidades crecientes de vivienda, salud, educación, energía, turismo, etc.” (sic), limitándose así la declaración de Santuario de la Naturaleza a un reducidísimo espacio de doce hectáreas, localizado entre el segundo sector Roca Oceánica y el tercer sector Mirador de Cochoa.

Es decir, de un plumazo se desprotegieron 38 hectáreas de dunas, las mismas que ahora, 17 años después, se quieren salvaguardar de la creciente avidez inmobiliaria.

Este deplorable episodio es demostrativo de la fragilidad de nuestras instituciones públicas, las que, de una u otras forma, bailan al son de quienes tienen el poder económico, es decir, de aquellos que ponen la música.