El País que queremos y necesitamos

El 6 de octubre pasado, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, en un fallo dividido, 2 a 1 –con su Presidente dándonos la razón-, rechazó los 7 recursos de protección interpuestos por los abogados de Patagonia Sin Represas.

Este es claramente un episodio más de denegación de justicia en Chile.

Lo alegado era nítido: que el procedimiento de evaluación de HidroAysén ha estado plagado desde sus orígenes de falencias, irregularidades e ilegalidades.

Nos recuerda fallos relacionados con las ‘violaciones de derechos humanos’, forma eufemística para referirse a asesinatos cometidos durante la dictadura, y la magra justicia que han brindado las Cortes chilenas y el Estado en general, en este sentido.

Y no se trata de ser vengativos, sino de que se desnuden la realidad y la verdad, que no se tapen con velos, tecnicismos e hipocresías, porque si no el inconsciente y el consciente colectivo de todos los chilenos y chilenas se desgarran, y la rabia y el resentimiento cunden, la convivencia se degrada, y el país anhela cada vez con más fuerza todo eso que necesita y se merece, y que no llega, frustrándonos una y otra vez.

El país deja de ser comunidad y pasa a ser un imprevisible y turbulento caldo social a presión, como un gran animal de mil cabezas enjaulado, impotente y furioso, deprivado de protagonismo, de calidad de vida y de ‘justicia divina’, que busca destrozar el entorno opresor.

Ciertamente, el fallo por HidroAysén no es tan dramático, importante y definitorio como muchos otros fallos injustos que nos han regalado las Cortes chilenas en las últimas décadas, pero se suma a una ‘tradición’, a una historia que está llevando a que cada día les tengamos menos respeto a los tres poderes –ejecutivo, legislativo y judicial- que se supone nos representan y laboran en pos de generar las condiciones para que todos tengamos una vida con bienestar, con sentido, con proyecciones.

Esta falta de respeto con lo nuestro socava todo, qué duda cabe, pero el problema es que Chile va marcha atrás.

Los que niegan la anomia cultural, la desintegración social, e incluso moral, que están cundiendo es porque no quieren saber, encupulados en alguna torre de cristal.

El fallo respecto de HidroAysén nos recuerda los tiempos del Biobío, de Pangue y Ralco, de los Pehuenche.

Fuimos testigos de sentencias de las Cortes, y de la Contraloría, que transitaban desde la evasión del fondo de las causas, a lo surrealista y corrupto, evidentemente distorsionadas por el tráfico de influencias.

Cuando el Estado y sus poderes contribuyen a la degradación del estado de derecho y de la verdad… ¡sálvese quien pueda!

Después… rasgan vestiduras y se lavan las manos por la violencia, el lumpen, los destrozos, heridos y muertos.

En cualquier empresa los directores que fracasen en cumplir con la misión encomendada serán despedidos.

Si observamos el estado de Chile hoy, los niveles de descontento, de desigualdad, pobreza… de injusticia, de degradación ambiental… la carestía que nos asola, queda claro que debiéramos despedir a los más directamente mandatados para hacer funcionar bien nuestro país: a gobernantes, legisladores y jueces.

Si las mayorías claman por cosas fundamentales, tales como un nuevo entramado constitucional y legal, por una democracia real sin enclaves, ni amarras ni sectores intocables, por educación y salud gratuitas, de alta calidad para todos ¿por qué no se comprometen los tres poderes a trabajar incansablemente mano a mano con la ciudadanía, de quienes son los servidores, hasta hacerlo realidad?

Si la mayoría se opone a HidroAysén, un proyecto descabellado, impulsado únicamente por pésimas razones corporativas, ¿por qué no se lo elimina junto con sus malsanas influencias que degradan y corrompen el sistema?

Este no es el país que queremos, y la mayoría sabe cuál es el que necesitamos.

Cabe preguntarse si los poderes institucionales y fácticos van a atinar para que el nuevo Chile nazca desde la base, armoniosa y democráticamente.

La alternativa de la profundización del caos no es auspiciosa.