Gasto público en conservación de la naturaleza

El análisis del presupuesto de la nación revela las prioridades que el gobierno asigna a las diversas temáticas de interés nacional. En el caso de la protección del medio ambiente y la conservación de la naturaleza, esta prioridad ha sido históricamente baja en el gasto público. El enfoque histórico es que los privados internalicen los impactos ambientales de sus actividades y por lo tanto asuman el costo de una gestión ambiental propia, mientras que el Estado asume un rol fiscalizador.

Este enfoque “secundario” de financiamiento de la protección de la naturaleza tiene una excepción. Nos referimos a la inversión pública en conservación in situ de la naturaleza a través de la declaración de áreas silvestres protegidas. Bajo la modalidad de parques, reservas, santuarios y monumentos naturales, se estructura un sistema de protección de la biodiversidad de carácter eco sistémico, el más recomendado por las principales organizaciones ambientales a nivel mundial.

Este sistema de conservación in situ mediante parques debería ser una de las prioridades del gasto público; sin embargo el actual sistema, pese a  tener aspectos positivos, presenta deficiencias.

A pesar de la importancia que poseen como instrumentos de protección ambiental, las áreas silvestres protegidas no poseen una base legal, ya que los diversos esfuerzos por dotarlas de una ley que las defina y regule no han prosperado.

En el plano de la gestión al interior de las áreas silvestres protegidas existen aspectos preocupantes. En 26 unidades no hay guardaparques y de las 74 unidades con presencia de guardaparques, sólo 22 cuentan con más de cinco; en 14 unidades hay sólo uno, lo que no puede calificarse como presencia permanente.

El total de guardaparques en el país es de 432, lo que se traduce en que hay un guardaparque por cada 33.000 hectáreas. Las proyecciones indican que lo deseable es contar con una dotación de 1.500 profesionales, lo que da cuenta de la significativa brecha de recursos humanos que sufre el sistema.

En el contexto institucional, los servicios públicos dedicados a la gestión de la conservación de la biodiversidad no son muchos.

El servicio con mayor vocación ambiental en Chile es la Corporación Nacional Forestal (Conaf), responsable de las principales acciones de protección ambiental en el país: la fiscalización y regulación de los bosques, la prevención y combate de incendios forestales, la administración del sistema nacional de áreas protegidas del Estado (Snaspe) y la protección del suelo a través de la forestación.

El ministerio del Medio Ambiente, por otra parte, no puede considerarse un servicio público orientado a la gestión directa de la conservación de la diversidad, ya que su misión es la elaboración de las políticas ambientales del país, pero no de su ejecución directa.

Es así como su presupuesto anual no permite realizar acciones sobre el territorio, sino más bien administrar el sistema de gestión ambiental del país. De hecho su presupuesto anual como Ministerio es inferior al presupuesto del servicio forestal del Estado (Conaf) adscrito al ministerio de Agricultura ($35.000 millones del ministerio del Medio Ambiente versus $64.000 millones de Conaf).

El presupuesto para la gestión de las áreas silvestres protegidas al año 2013 es de $11.289 millones, con un crecimiento de 6.9% respecto de 2012, sin embargo esto significa una inversión algo menor a dos dólares por hectárea para todo el sistema.

Con todos estos antecedentes cabe hacerse la pregunta ¿qué acciones e inversiones está realizando el Estado, mediante acción directa, respecto a la conservación de la biodiversidad en Chile? ¿Podemos cuantificar el porcentaje del PIB destinado a conservación por parte del Estado? ¿Cómo estamos en relación a otros países?

En resumen, la preocupación del Estado reflejada en el gasto público directo en acciones de conservación en Chile es escasa. Pese a que la temática ambiental está instalada en el debate público, está mayoritariamente asociada a la evaluación de grandes proyectos de inversión, como son los eléctricos o de infraestructura vial.Esto desvía la atención sobre el déficit de inversión pública en protección de la naturaleza.

Sería deseable que se generara una corriente de opinión relevante, que logre posicionar la sistemática falta de gasto público en protección ambiental y que visualizara cuál debería ser la focalización del gasto.