Humedales, las nuevas áreas protegidas

Alfonso De Urresti

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Cuando comenzamos la tramitación del proyecto de ley que busca proteger los humedales urbanos, allá por junio de 2017, parecía improbable, poco urgente y secundaria su discusión entre decenas de otras iniciativas que concitaban la atención legislativa y el interés mediático, así como el de la opinión pública. Eso probablemente era así, porque para una mayoría, era la primera que hablaban o escuchaban hablar de humedales. Pero para quienes vivimos en Valdivia, los humedales son parte del territorio. Como suele decirse, no es que Valdivia tenga humedales, son los humedales los que tienen a Valdivia. 

Pero la notoria visibilización que han tenido los humedales en el último tiempo, no se debe a una “moda verde”, sino a una situación mucho más importante verificada en el debate y tramitación de este proyecto, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, se mantuvo un aspecto central en el origen de esta moción parlamentaria: el diálogo permanente, transversal y genuino entre los actores sociales, investigadores y académicos, y autoridades políticas, principalmente alcaldes y parlamentarios. 

Y es este factor el que ha propiciado la relevancia que estos cuerpos de agua han alcanzado. Porque todos los actores señalados descubrieron un interés común, desde sus roles y perspectivas, en la protección de los humedales. Unos como objeto de estudio, otros como parte de la conservación de recursos y espacios naturales y para otros, como parte de la necesidad de establecer reglas hasta ahora no existentes sobre estos reservorios hídricos. 

Sin duda se trata de una buena experiencia, una buena práctica, que ha sido valorada por todos los intervinientes y que podría marcar un antes y un después en la forma de abordar y canalizar temáticas de alto interés ciudadano y científico, para avanzar con ellos hacia normas legales o políticas públicas. En el caso del Congreso se trata de una experiencia que, sin duda, seguiremos replicando, para que sean los ciudadanos y los investigadores científicos quienes sean más oídos que las organizaciones empresariales en la tramitación de las leyes. 

Por cierto, esto también debiera afectar positivamente la tarea de los gobiernos ante estas temáticas en el proceso legislativo, cosa que en este proyecto ocurrió tardíamente, y que se expresó en asistencia masiva de ministros a sesiones finales y el intento de promover una indicación que dejara fuera de la protección aquellas obras consideradas como de interés público, lo que equivalía a dejar las cosas tal como estaban y hacía estériles los avances que la iniciativa promovía. 

Algunos han cuestionado que esta inédita ley es acotada porque solo se refiere a los humedales urbanos. Sin embargo, la explicación es sencilla, nos pareció más urgente avanzar en una norma que enfrentará la creciente expansión urbana y los consiguientes proyectos inmobiliarios, que están afectando a decenas de comunidades a lo largo del país, hoy. Una expansión frente a lo cual existen municipios que cuentan con pocas herramientas para abordarla adecuadamente, y hay otros que derechamente permiten que los humedales sean rellenados abiertamente, sin pensar en los riesgos que eso significará en el futuro para las construcciones que allí se levanten. 

Pero, consecuentemente con esa urgencia por estos ecosistemas urbanos, también hemos presentado otros proyectos de ley que buscan complementar esta necesidad de legislación ambiental. Así, en conjunto con otros senadores y senadoras, ingresamos mociones para proteger las turberas, ya en segundo trámite; para prohibir el uso de fuegos artificiales en las zonas de humedales, aprobado en particular; y, por cierto, para instaurar en Chile el Día Nacional de los Humedales, en concordancia con la fecha mundial próxima a conmemorarse el 2 de febrero.

Sigue pendiente avanzar en una propuesta para proteger los humedales altoandinos, hoy en riesgo especialmente ante la actividad minera extractiva. 

Confiamos en que la promulgación de la ley de humedales urbanos terminará con el tiempo convirtiéndose en un hito, un primer paso, un momento de cambio de paradigmas, que en conjunto con otras normas como la ley que establece el Derecho Real de Conservación, posibiliten una nueva forma de valorar los territorios.

Algunos dicen que proteger humedales disminuirá el valor de esos predios, nosotros creemos que es exactamente al revés: les da un nuevo valor social cultural, ambiental y también económico a esos terrenos. 

Para ser justos, también hay que reconocer el aporte que la Corte Suprema ha prestado a este debate con inéditos fallos, en los casos del Humedal Llantén en Puerto Montt y del Humedal de Batuco en la RM, estableciendo que siendo Chile un país signatario de la Convención Ramsar tiene la obligación de proteger todos los humedales y que para ello no importa si el cuerpo de agua está en un terreno público o privado.

En el caso de Los Lagos, la Corte incluso ordenó el traslado de un colegio, así como en el de Batuco ordenó la restauración del daño causado por una captación ilegal de una empresa agrícola. 

Por último, valorar el aporte y el apoyo transversal a esta ley de parte de parlamentarias y parlamentarios de todas las bancadas, que más allá de cualquier consideración entendieron la importancia de “correr el cerco” en favor de la naturaleza, lo que especialmente en un contexto de cambio climático, escasez hídrica severa, posibilita seguir alcanzando acuerdos en favor de una nueva mirada, de un nuevo modelo sustentable, que debiera quedar reflejado en la nueva Constitución. 

Porque en el Chile del siglo 21, los humedales, bajo estatus Ramsar, como santuarios, parques o reservas, son las nuevas áreas protegidas.