Por una institucionalidad ambiental robusta

Desde el año 2008, nuestro país ha ido experimentando una serie de reformas profundas a su institucionalidad ambiental.

Comenzando por la creación del ministerio de Medio Ambiente, la Superintendencia de Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental, siguiendo con los Tribunales Ambientales –pronto a ser analizado por el Tribunal Constitucional- y continuando a la fecha, con la discusión destinada a generar una institucionalidad que regule nuestra biodiversidad, como también, y en paralelo, la reforma que pretende transformar a la Corporación Nacional Forestal, en un Servicio Público.

Han sido cuatro años de intenso trabajo legislativo, en que se han obtenido importantes avances para el país y en los cuales, he querido contribuir con la experiencia de haber encabezado con enorme satisfacción otras reformas institucionales.

Por esto, agradezco la confianza depositada el día martes 20 de marzo por los senadores Isabel Allende, Ena Von Baer, Antonio Horvath y Alejandro Navarro, integrantes de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, quienes me han honrado con la presidencia de esta Comisión para el año 2012.

No obstante los importantes avances, hay consenso en que los desafíos pendientes son de la más alta envergadura y exigen rigurosa dedicación, especialmente en la labor parlamentaria.

En este sentido, las reformas institucionales resultarán insuficientes, si no vienen acompañadas con el respeto a la misma, de normas e instituciones jurídicas que equilibren adecuadamente la política pública ambiental, con las necesidades de crecimiento económico, conservación y protección del medio ambiente, y de un perfeccionamiento legislativo permanente en aquellas materias en que la reforma ha mostrado falencias.

Por tales consideraciones, durante el año 2011 manifesté mi preocupación por la excesiva ideologización de la discusión ambiental en Chile, que en mi opinión atenta frontalmente contra tales propósitos.

Tal ideologización, se expresa con particular nitidez, en el proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que corre serio riesgo de eternizarse si el ejecutivo no morigera el fuerte predominio de los sectores productivos en las decisiones de política pública que tendrá esta institucionalidad y releva a la biodiversidad al sitial que requiere.

Asimismo, se manifiesta en el anuncio del gobierno de concesiones para turismo sobre Parques y Reservas Nacionales; en la decisión acerca de la licitación del Litio, como también, en la falta de liderazgo del ejecutivo para proponer una matriz energética que permita la mayor independencia posible de los combustibles fósiles.

De esta manera, con la instalación del primer tribunal ambiental-que se espera a mediados de año- y la entrada en vigencia de las facultades de fiscalización y sanción de la Superintendencia de Medio Ambiente, habrá finalizado la primera fase de transformación institucional que ha tenido Chile para su medio ambiente.

Por esto, junto al seguimiento de su correcta puesta en marcha, me preocuparé, desde la Presidencia de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, que ésta se respete, que las instituciones y regulaciones sustantivas que le dan vida resguarden el bienestar de las actuales generaciones y de las que vendrán, como también, que las decisiones de política pública que afecten intereses estratégicos para el país, se discutan con transparencia y de cara a la ciudadanía.