Un mensaje contradictorio para la leña

Es inevitable constatar que existe un discurso contradictorio respecto a la leña entre las autoridades. Por una parte, está el discurso oficial de la Presidenta Bachelet al lanzar recientemente la Política de Uso de Leña y sus Derivados para Calefacción, en la que señaló que se debe continuar utilizandola, con un uso eficiente, que evite la contaminación del aire, incorporando más tecnología, mayores exigencias de calidad y mejores prácticas de uso.

Sin embargo, en la dirección opuesta se encuentran las medidas implementadas por el ministerio del Medio Ambiente, en los distintos planes de descontaminación asociados a ciudades saturadas, en los que se contempla, por ejemplo, la prohibición total del uso de la leña para el área urbana de la Región Metropolitana, o el recambio de calefactores en las ciudades del sur de Chile, pasando de calefactores basados en el uso de leña, a calefactores a base de pellets y parafina.

Esta última medida vendría a ser un cambio forzoso de la leña por otros combustibles que emiten menos, pero que son más costosos para el usuario (tres y hasta cuatro veces más costoso medido en gasto anual). Además, es forzoso porque la oferta de nuevos calefactores está limitada únicamente a estas opciones.

La contradicción está en que la Presidenta habla de continuar utilizando leña bajo parámetros de mayor eficiencia y el ministerio del Medio Ambiente avanza en políticas de prohibición o hacia su reemplazo forzoso.

¿Quién representa la política oficial respecto a este tema? No cabe duda que debería ser la Presidenta. Sin embargo, no es tan claro. El mandato asignado a la autoridad ambiental de reducir los episodios críticos de contaminación en todas las ciudades desde Santiago al sur, pareciera tener mayor preeminencia en la gestión pública sobre otros aspectos no menos importantes, pero que el ministerio de Medio Ambiente omite, como es el impacto de las medidas sobre el confort térmico de la población (medido como pobreza de energía), o el impacto de la prohibición de la leña sobre el manejo sustentable del bosque nativo.

La pobreza de energía, por ejemplo, es la incapacidad de la población de mantener en su hogar una temperatura de al menos 18 grados Celsius y, en consecuencia, la exposición al frío dentro de la misma vivienda. René Reyes, investigador del Instituto Forestal lo planteó en un reciente seminario sobre leña y eficiencia energética, señalando que, en el caso de la ciudad de Valdivia,una vivienda promedio consume 14,000 kWh/año para calefacción. Para el 80% de las familias de Valdivia sería imposible comprar esa energía en formato de gas licuado, kerosene o electricidad.

Dado lo anterior, un recambio de calefactores que promueva el uso de otros combustibles que poseen un costo más elevado, lo único que logrará es que las personas reduzcan las horas al día de uso del calefactor, para ajustarlo a su capacidad de gasto, pasando más frío en comparación a una vivienda que utilice un calefactor que consuma leña, dado su menor precio. Esto a su vez, generaría un aumento de las enfermedades respiratorias, debido a la combinación de frío y humedad al interior de las viviendas. Esta situación es tan atentatoria contra la salud de la población como lo es la contaminación atmosférica por particulado fino.

Este punto es muy importante, porque refleja que la actual gestión pública de los problemas ambientales (contaminación, en este caso) no es integral y, por lo tanto, es altamente probable que su aplicación genere externalidades negativas no consideradas en la planificación original. La reducción de la contaminación no puede ser a costo de afectar el confort térmico de las personas. La capacidad de gasto en calefacción de la población debe ser una variable a considerar dentro de las políticas que se definan en esta materia. Ciudades menos contaminadas en las que su población pase frío no es el objetivo al que debemos apuntar.

Esto último parece estar claro en la Política de Uso de Leña y sus Derivados para Calefacción presentada por la Presidenta, pero no así en el accionar del ministerio del Medio Ambiente.

La solución más eficiente para reducir la contaminación de las ciudades, sin sacrificar el confort térmico de la población, pareciera ser la disminución del consumo de energía de la población a través de una mejora en la aislación térmica de las viviendas. Una reducción de las pérdidas de calor de las viviendas incide directamente en la cantidad de energía necesaria para calefaccionar una vivienda, reduciendo el costo de calefacción y reduciendo también las emisiones de particulado a la atmósfera.

El subsidio al acondicionamiento térmico de las viviendas está contemplado en los planes que ejecuta el Ministerio; sin embargo, creemos que debiera tener mayores recursos para aumentar el alcance de sus beneficios.

Si a esta medida sumamos el uso de leña seca y un recambio de calefactores más eficientes, que no limiten su oferta a aquellos que utilizan combustibles más caros, avanzaremos a una solución más integral del problema, que no genere externalidades negativas para la población.

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