¡Urgente! Fortalecer el Sistema de Evaluación Ambiental

Estas últimas semanas – con el foco mediático en proyectos cuestionados y rechazados – surge la duda sobre la institucionalidad que hay en nuestro país, la cual acusan diversos sectores que hipotecan un espléndido desarrollo futuro debido a un aparente Sistema de Evaluación Ambiental (SEA) caprichoso e irresponsable.

En este contexto, es importante conocer cómo funciona el SEA y determinar cuáles son los problemas que observamos en el mismo.

Sin tomar en cuenta las obligaciones legales, debemos destacar que su eje central es que las comunidades participen de la evaluación ambiental y que los servicios competentes realicen las observaciones necesarias.

En la práctica, esto evita por ejemplo, que termoeléctricas se analicen por simples declaraciones de impacto ambiental, ayudando en gran medida a que todo proyecto que afecte a comunidades indígenas sea sometido a consulta y evaluado vía Estudio de Impacto Ambiental.

También permite escuchar a la comunidad que vive en los territorios donde se instalarán los proyectos y a los servicios del Estado si las declaraciones y estudios cumplen con los requisitos expresos del reglamento.

Cosas no muy difíciles de cumplir, por lo demás.

Entre las exigencias  se apunta a describir todo el proyecto, dónde se ubicará, porqué se emplazará en dicho espacio, qué elementos es posible encontrar en el área donde se va a construir y cuáles nos resultan muy importantes, describir los territorios y qué mayor carga significa el nuevo emplazamiento que se postula, además de cómo evolucionaría el lugar sin que este se instale.

Toda información acompañada de un requisito, debe tener todos los datos esenciales para poder evaluarlo por parte del SEA.

Entre estos, que se describa toda la ley aplicable, incluyendo tratados suscritos y ratificados. Además, que permita saber si, basados en el sentido común, se hace cargo de los impactos que tienen que ver con el paisaje, el turismo, los recursos naturales, monumentos nacionales, áreas que nos hemos comprometido a proteger y la calidad de vida. Todo acompañado de las medidas propuestas para reducir  impactos perjudiciales.

Teniendo esto claro, decimos que la 'grave crisis' de nuestra institucionalidad ambiental denunciada se generó porque los jueces y el propio Servicio de Evaluación Ambiental simplemente buscan cumplir la ley.

En Dominga, el Estudio de Impacto Ambiental ni siquiera reconocía que estaba en una reserva nacional.

En Isla Riesco la comunidad obviamente debía poder hacer observaciones a un proyecto minero que ahora incorporaba tronaduras.

En ninguno de los casos se tuerce la legalidad o están operando intereses políticos, tampoco una cruzada verde que busca transformar al país en una teocracia de sustentabilidad. Simplemente se cumple con la ley.

El procedimiento de evaluación ambiental no tiene nada de engorroso o complicado, más bien lo que se requiere es densificar su estructura normativa.

El país debe confirmar más tratados e incorporarlos a su legislación vigente. Por ejemplo, se instalaron 13 torres de alta tensión por sobre 60 metros en la reserva mundial de la biósfera en Olmué porque la Convención Unesco que protege el corredor biológico de Peñuelas no estaba ratificado.

El SEA debe disponer de más profesionales para hacer efectiva la sanción de rechazo a estudios sin información relevante, con líneas base deficientes, medidas de mitigación, compensación y reparación ridículas o inexistentes. En lo posible, también que genere sanciones ejemplares para las consultoras que mienten impunemente a la autoridad.

Pensemos un Servicio de Evaluación Ambiental que pueda desplegarse en los territorios y procesos de participación ciudadana, con asistencia letrada para que las comunidades hagan observaciones y las defiendan técnica y jurídicamente.

Al reforzar la normativa hay que sumar un factor relativo a establecer penas para delitos ambientales, entregando castigos a quienes contaminen grave y dolosamente, también combatir cualquier posibilidad de corrupción en todo el proceso de evaluación, permitiendo que las empresas puedan ser condenadas por estos delitos.

Esperemos que antes que termine el gobierno de la Presidenta, Michelle Bachelet, alcancemos los consensos necesarios para fortalecer nuestra institucionalidad ambiental, esencialmente el SEA.

Confiamos que el documento elaborado por parlamentarios, organizaciones de la sociedad civil, técnicos y profesionales del Servicio, que entregamos al ministro de Medio Ambiente, Marcelo MENA, se sume a lo propuesto por la respectiva comisión presidencial sobre la materia y la OCDE, sirviendo como base para tener prontamente un sistema y un servicio de evaluación ambiental que de garantía a todos y todas de que se preservará, conservará y protegerá nuestro patrimonio ambiental.

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Edición
Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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