A propósito de legados

Mucho se ha hablado en estos días acerca del legado que el gobierno de la presidenta Bachelet dejará al país una vez que entregue el mando de la nación el próximo 11 de marzo.

Por cierto, el tema no ha estado ajeno a la polémica. Sobre ello han opinado desde los detractores acérrimos que niegan cualquier avance, por evidente que éste sea, hasta quienes, como el diputado Osvaldo Andrade, han puesto el foco en la autoría del legado. Quiero centrarme en este enfoque, que no menosprecia bajo ningún punto de vista lo realizado en estos 4 años, pero sí propone una perspectiva más amplia, histórica podríamos llamarla, sobre el aporte de los gobiernos de la centro-izquierda desde 1990 a la fecha. 

Las reformas y logros alcanzados durante la segunda administración Bachelet - cuya importancia nadie puede cuestionar - fueron posibles porque, durante años, los gobiernos de Concertación allanaron con sus obras el camino para concretar cambios más profundos. 

Así, si hoy contamos con Acuerdo de Unión Civil y hablamos de matrimonio igualitario es porque, hace menos de 15 años, logramos actualizar la ley de Matrimonio Civil, divorcio incluido, que databa de 1884. 

Y cuando nos animamos a pensar en la adopción homoparental, no debemos olvidar que en 1999 se promulgó la Ley de Filiación que otorgó plena igualdad de derechos entre todos los niños y niñas de nuestro país, terminando con la discriminación entre hijos legítimos, ilegítimos y naturales, vigente en Chile desde 1855. 

Lo mismo ocurre con los logros en materia de educación, salud, vivienda, calidad de vida o desarrollo social. La historia se construye a partir de la suma de múltiples procesos. Y en Chile, muchos de esos procesos comenzaron a gestarse no hace 4 años, sino apenas derrotado el régimen militar. 

Es cierto que el legado de los gobiernos de la centro-izquierda tiene un punto de ebullición en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Es en estos años en que se logra concretar el cumplimiento de una serie de anhelos que una o dos décadas atrás eran impensables, no por desidia o impericia, sino porque el país no ofrecía las condiciones para impulsar ese tipo de avances. 

A comienzos de los años 90, Patricio Aylwin encabezó el que probablemente haya sido el más complejo de los gobiernos pos-dictadura, enfrentando la difícil tarea de restaurar las confianzas, pacificar los espíritus y restablecer la democracia como forma de convivencia dentro del país. Al cabo de 4 años, pudo entregar un país más digno y más justo.

Esos primeros pasos permitieron al gobierno de Eduardo Frei iniciar reformas más concretas y promover en el exterior la imagen de un Chile nuevo y confiable, que también podía ser un buen socio para los negocios.

Sobre esa base, Ricardo Lagos inició un nuevo gobierno, ya en el siglo 21, decidido a impulsar la infraestructura del país y  avanzar en la profundización de la democracia y la modernización del Estado. Ya con un país más maduro, pudo abrir el debate en temas valóricos y políticos. 

El primer gobierno de Michelle Bachelet hizo lo propio, estableciendo importantes avances en materia social, y marcando una decidida tendencia en defensa de la igualdad. 

En estos últimos 4 años, la Presidenta de la República tuvo la visión y la capacidad para nutrirse de todos esos avances y plantear, desde esa posición, los cambios que hoy estamos llamados a defender.

Reconozco y valoro los logros del gobierno de la Presidenta. Defendí cada una de sus reformas en el Congreso y las voy a seguir defendiendo, porque creo que marcan un camino correcto para el país. 

Un legado es una herencia, material o inmaterial. Y las herencias pertenecen a quienes las reciben.

Si hablamos del legado de un gobierno, mi convicción es que éste es fruto del trabajo de la centro-izquierda en su conjunto y le pertenece no a sus autores, sino a todos los chilenos y chilenas. Hoy, el desafío es proyectar una nueva alianza de centro-izquierda, que continúe abriendo caminos hacia el desarrollo, profundizando aquellos cambios necesarios, corrigiendo los errores y, sobre todo, garantizando bienestar, equidad y dignidad a todos los habitantes del país.

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