Acerca de la delación compensada

Camilo Escalona

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El ex Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, ha provocado cierto revuelo mediático al proponer una figura jurídica, que caracterizó como una delación compensada, que otorgué impunidad a los imputados en casos de financiamiento irregular de la política.

Para concretarla, como es lógico y así lo señala su autor, debiese tramitarse una nueva ley en el Congreso Nacional; es decir, los propios parlamentarios tendrían que exculparse entre sí, debiendo aprobar una amnistía en beneficio de una parte de ellos, con lo que todos sin excepción, favorecidos y no favorecidos, o serían cubiertos por la suspicacia o la sospecha de haber votado en su propio interés. Ese es el talón de Aquiles de dicha propuesta.

Esta idea pide dar curso a una ley de auto perdón que, de inmediato recuerda al país, la decisión tomada por el régimen de Pinochet de promulgar e imponer una amnistía en Abril de 1978, con la que pretendió exculpar los crímenes de lesa humanidad, ejecutados por su propio mandato y/o bajo su responsabilidad política, desde el 11 de septiembre de 1973 en adelante.

Por tanto, la nueva ley tendría un vicio de origen que anularía su legitimidad irremediablemente. En consecuencia, en vez de dar una salida o una solución a la crisis de legitimidad que afecta al sistema político terminaría agravándola y alentando toda suerte de conductas contestatarias. En suma, la idea del ex Contralor, señor Mendoza, sería un estéril e inconducente intento de apagar un incendio con bencina, como indica un refrán popular.

Esta iniciativa pasaría a ser un intento de defensa corporativa hacia los actores políticos involucrados en irregularidades o, directamente en ilegalidades, que no tendría ninguna base de legitimidad ante la sociedad chilena.Con la reciente revelación del mail, a través del cual el ex senador Longueira, recibió una indicación redactada en las propias oficinas de la Gerencia General de una de las principales empresas involucradas (SQM) en los casos que se investigan, ello se hace definitivamente impresentable.

De modo que una propuesta de "delación compensada" con su sola presentación generaría una batahola descomunal. Al punto que el debate suscitado en torno a esta idea de impunidad, cada vez que se tratara, recrearía un áspero ambiente de recriminaciones que ahondaría el crítico juicio ciudadano hacia quienes realizan y participan en política.

El autor de esta iniciativa parece que no ha tomado nota de la irritación social que causa la conducta que induce o empuja a una defensa corporativa de la elite política que, se transforma frente al público, en una especie de codeudor solidario de las culpas y responsabilidades individuales de los personeros involucrados, provocando que todos los actores políticos sean considerados como una misma cosa, una casta o asociación con el mismo grado de culpabilidad.

Mantener propuestas que hacen pensar de esa manera a la opinión pública daña la política y la democracia. Resulta que hubo Partidos políticos que fueron el objetivo a destruir por las malas prácticas. Ello se demuestra en la formalización en los Tribunales de Justicia, del ex senador Carlos Ominami, caso que confirma cómo los dineros de SQM en el 2009, eran la base del financiamiento de un incesante activismo político dirigido al quiebre del Partido Socialista, para lograr la derrota de la entonces Concertación, en las elecciones presidenciales de ese año.

Ha quedado claro que, para parte de sus financistas, la candidatura de MEO era un medio que abría la puerta a Piñera. Por lo demás, si se lee el libro "El desalojo" de Andrés Allamand, en sus páginas se confiesa abiertamente que ello fue parte de la estrategia piñerista. Ojalá que aquellos socialistas y alguna gente de izquierda que pisaron el palito, no vuelvan a tropezar de nuevo, con la misma piedra.

En resumen, la teoría de la delación compensada es un despropósito, se trata de un salvavidas de plomo.

La sugerencia del señor Mendoza es una señal de angustia, que busca un blanqueo imposible de conseguir, que hundiría definitivamente lo que queda de legitimidad al sistema político en Chile.