Acusación constitucional, recuperar la confianza en la institucionalidad

Jorge Pizarro

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Que la acusación constitucional no alcanzara el quórum necesario para la destitución del Presidente Sebastián Piñera no es un hecho que debiera celebrar el Gobierno. Fuimos una mayoría de parlamentarios que estuvimos por aprobarla, fuimos una mayoría de senadores que se inclinó por una sanción, aunque ésta sea desde el punto de vista moral.

Entonces, nadie ganó, porque lo que la gatilló fue un hecho político grave. No fue un triunfo para La Moneda y menos significó una "trizadura" en la oposición, como afirmaron algunos.

Si bien es obvio que son tiempos electorales donde se cree que toda acción en política está centrada en las elecciones del domingo, es nuestro deber siempre cuidar la democracia. Una acusación constitucional a la máxima autoridad del país no es un asunto baladí, es un hecho político relevante y nos tiene que hacer reflexionar.

Yo escuché con atención tanto los fundamentos para esta acusación como su defensa, me formé una opinión, que fue la dada a conocer en la sala del Senado, de que debía ser aprobada. Porque desde el punto de vista ciudadano, es menester estar a la altura para representar la indignación que creo fue para muchos, conocer que nuestra máxima autoridad aparece involucrada en esta investigación que dejaba al descubierto cómo distintas personalidades burlaban las normas para evadir impuestos. Y ahí, lo indignante para muchas y muchos, es que no fuera una sorpresa que apareciera involucrado el Presidente. Eso, fue la gota que rebalsó el vaso.

Y es que nuestro actual Mandatario en su larga trayectoria ha debido responder ante un actuar reñido con reconocer la diferencia entre lo público y lo privado, y eso es lo más complejo de la causa de la acusación. Todo el argumento legal que puedan esgrimir enfrenta la convicción de la ciudadanía de que el Mandatario persiste en privilegiar sus propios intereses. Cobra relevancia las veces que se ha jugado con la fe pública.

Son tiempos complejos, porque si bien avanzamos hacia cambios forjados y demandados por una mayoría a través de lo que será una nueva Constitución, nuestro país está siendo amenazado por quienes han hecho de la polarización un instrumento de uso sistemático para imponer su pensamiento muy lejos del bien común.

El Senado entonces no estaría cumpliendo su rol político ante esta acusación constitucional si sólo se centraba en que se sienta un precedente que podría atentar contra la estabilidad del país; creo que hay que reconocer que estos actos no pueden pasar desapercibidos y no dejar pasar esa dualidad del actuar del Presidente, donde no hay una línea clara en lo que son los negocios y la política.

Entonces, la oposición no puede renunciar a entregar señales inequívocas sobre la condena que deben recibir actos que parecen reñidos con la ética, simplemente porque eso no debe pasar en una democracia que funciona bien. Por ello se espera que más de vanagloriarse del resultado, el Gobierno se haga cargo de la forma de hacer política del Presidente, la que atenta finalmente contra el avance hacia recuperar la confianza en la institucionalidad.

Eso es lo que se le debe exigir también a quienes sean elegidos el domingo, la ciudadanía merece que quien asuma una responsabilidad política, deje efectivamente de lado los negocios propios para dedicarse del servicio público, lo contrario además de generar un conflicto permanente, es un inexcusable daño a la política y al país.