Algunos muy vivos y otros muy tontos

Camilo Escalona

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El alza de las cuentas de electricidad, es decir, la aprobación de una ley que permite a los consorcios de la distribución eléctrica cambiar los medidores de consumo y obligar el pago a los hogares por aparatos, en teoría, de tecnología más avanzada, constituye un abuso flagrante del poder económico sobre los consumidores, legitimado en forma lamentable por un trámite legislativo del que nadie responde.

Como si fuera poco, ante las dudas y la sorpresa por tamaño abuso, el Presidente de la República salió a confirmar el inmenso poder de este sector económico, al ratificar que la cuenta la deben pagar los consumidores.

Fue una expresa declaración para defender la posición monopolica de los consorcios distribuidores de la electricidad, confirmando así, en forma fehaciente, cuáles son los intereses que motivan la acelerada atención presidencial.

Una vez más los consumidores no son los únicos perjudicados, también lo son una cantidad importante de inversionistas a los que la norma estatal les impide competir.

El Estado asegura al monopolio eléctrico un nuevo negocio base de mil millones de dólares y tendrá un margen de utilidad garantizado del 15%.

La pregunta obvia es porque no hay competencia, cuando estos aparatos están en las mismas casas. Al parecer algunos fueron muy vivos y otros muy tontos.

Este abultado volumen de ingresos “extra” tiene un nombre, negociado, y es un grave daño a la democracia chilena, porque acentúa el desgaste y la falta de credibilidad en las instituciones democráticas, en particular, afecta el prestigio del Congreso Nacional, dando pie a rumores y habladurías de que, al final, no hay quien no baile la música de los poderosos de siempre. 

Eso es lo más penoso de la situación que se generó por la irresponsabilidad o por falta de rigor en la toma de conocimiento de las materias a resolver en el Parlamento, existiendo además los recursos necesarios para que ello no ocurra, como es la tarea especializada de la Biblioteca del Congreso Nacional y a través del financiamiento de las asesorías parlamentarias.

Vale la pena recordar la represión y el lenguaje grosero con que el dictador Pinochet se refería al sistema político, esas intervenciones recargadas de odiosidades uno de cuyos objetivos era descalificar el Parlamento y justificar la usurpación de sus tareas, atribuciones y facultades que llevaba a cabo la pomposamente llamada, Honorable Junta Militar de Gobierno.

Son hechos que no pueden ocurrir. En la actualidad se atraviesa por una etapa de severo escrutinio del día a día parlamentario y de aguda crítica a sus debilidades, así como, de interesado populismo en muchos casos.

La derecha ultraconservadora está a la espera de este tipo de episodios para dar rienda suelta a una demagogia que apunta a socavar el régimen democrático.

Hay que cuidar la democracia y los primeros en hacerlo debiesen ser los propios parlamentarios, su labor de representación política y social resulta esencial en el arduo y complejo funcionamiento del régimen democrático. En su trabajo cotidiano es donde se ejerce la diversidad y realiza el pluralismo propio de un país democrático.

Ahora bien, ante este abuso tan defendido por Piñera, quedarse cruzados de brazos, con las tardías excusas por la metida de pata y sin hacer nada, no corresponde.

Tampoco rogando al monopolio eléctrico que pague lo que es obvio, los medidores que quedan en desuso, como hace la ministra del ramo. Si se dice que existe un importante ahorro, con ese se debe financiar este nuevo costo y no seguir inflando las arcas de los consorcios eléctricos, ligados directamente a las altas esferas del Estado.

Asimismo, la modificación de la ley de distribución eléctrica, en defensa de los consumidores, es condición esencial para resolver estas distorsiones y abusos aberrantes.

Así se avanzará realmente en el interés de la mayoría de la población.