Asuntos privados de interés público

El caso Caval es una clara muestra del conflictivo y movedizo borde en el que se mueven las legítimas aspiraciones y juegos de interés entre privados y las consecuencias y repercusiones de estos en lo público.  No sólo por las relaciones familiares que ligan a sus protagonistas con el  poder político, también porque abre un debate sobre la legitimidad de dicha operación: si ésta no es contraria a derecho (lo que será resorte de la justicia determinar), al menos ha quedado claro para la ciudadanía de que es éticamente reprochable.

El espíritu liberal decimónico, alcanzó su éxtasis en el principio de autonomía de la voluntad, en virtud del cual los particulares pueden contratar libremente, siendo lo pactado ley para las partes, reconociendo como únicas limitaciones las buenas costumbres, la moral y la ley.

Y es mediante esta última, a través de normas de orden público, que a lo largo del siglo XX fue limitándose y sancionándose, tanto en su formación y en sus efectos, la libertad de los privados para estipular entre sí sin mayores restricciones que las que determinaban sus propios intereses.

Un claro ejemplo de limitación a la autonomía de los particulares para contratar entre sí libremente es el surgimiento del Derecho del Trabajo, que impone claras limitaciones a la hora de estipular las condiciones de la relación entre los interesados: jornada de trabajo, salario mínimo, etc. Entre otras cosas porque no cabe duda de que no siempre las partes involucradas se encuentren en una condición de igualdad jurídica o material para garantizar que lo pactado no menoscabe a uno de los contratantes. La historia de lucha sindical da cuenta de ello. El impacto ambiental de negocios privados es otro ejemplo que fundamenta la limitación de la voluntad de las partes para contratar libremente entre sí.

Es indudable que hay asuntos privados que sobrepasan dicha esfera, teniendo consecuencias en el ámbito público, por lo cual su control y sanción alcanzan cada vez mayor importancia en la vida social, política y económica de la sociedad.

En aquellas materias llamadas valóricas (aborto, consumo de drogas, pornografía, eutanasia, etc.) en las que el individuo debería poder decidir libre y soberanamente respecto de su posición y disposición en cada uno de estos temas, lo cierto es que nos encontramos con regulaciones y prohibiciones que tensionan nuestra convivencia política.

Si lo privados pueden especular libremente en los mercados inmobiliario y financiero, aun con consecuencias negativas en la comunidad ¿por qué no pueden decidir sobre cuando interrumpir un embarazo no deseado, o sobre consumir ciertas drogas o fijar el momento en el que cesa su vida biológica? ¿Cuánta libertad es el contenido del derecho de las personas a elegir teniendo en consideración únicamente su interés?

Que las consecuencias de las decisiones de los privados alcanzan la esfera de lo público, afectando la convivencia de la comunidad política, es una de las razones para intervenir el ejercicio de la libertad para decidir de los individuos.

Pero además, y como en el ejemplo de las relaciones desiguales entre empleadores y empleados que fundamenta la limitación de las condiciones de  contratación en materia laboral, no todos los sujetos se encuentran en una condición de igualdad efectiva, jurídica y material.

No elige abortar del mismo modo una niña menor de catorce años abusada por un familiar que una mujer por ser incompatible la maternidad con un proyecto de desarrollo profesional. Tampoco se encuentra en la misma situación una menor que  solicita la eutanasia por no contar con una respuesta eficiente en el sistema de salud pública que un adulto que solo busca un buen morir,  no un mal vivir.

No basta que los asuntos sean privados para impermeabilizarlos frente al debate, la fiscalización y la prohibición, por cuanto estos están profundamente enredados con el interés público, afectándolo, tensionándolo. Erosionándolo incluso. Pero no basta solo con transparentarlos, es necesario construir una ética compartida por la comunidad que sobreponga el interés colectivo por sobre las ganancias e intereses personales.

La próxima discusión sobre el proyecto de despenalización del aborto abrirá el debate respecto a la frontera entre la limitación a la libertad de decidir de los individuos y la obligación de la comunidad política de velar por el bien común. Ciudadanos o particulares, ese será el dilema.