Ausencia de lo razonable
Dada la insurrección que ha experimentado el país y que se encuentra en una nueva etapa, la pandemia de coronavirus también ha reflejado la disputa polarizada entre la oposición formal y el gobierno. Si bien este último ha tratado de gestionar la crisis sanitaria apelando a la voluntad individual en base a la implementación de cuarentenas sectorializadas, la ausencia de mano dura por parte del Estado ha hecho que desde el fin de semana Santa, más otras aglomeraciones, aumente el número de contagios diarios desde el 30 de abril de un modo considerable.
La falta de mano dura del gobierno no es casualidad, es su característica. La derecha liberal tradicional apela históricamente a la política de la no política, es decir, no hacer nada; la vieja tesis del dejar hacer y dejar pasar, cuyos efectos reales se han experimentado con la violencia terrorista que ha sufrido frecuentemente el país desde el 18 de octubre en que el gobierno no ha sido capaz de hacer valer el monopolio de la violencia legítima para garantizar la convivencia democrática.
El no hacer valer el monopolio de la violencia legítima es no hacer política, es no velar por la democracia.
Ahora, que el país es acechado por la pandemia, el gobierno ha decidido apretar más la mano ante el retroceso sanitario en la región Metropolitana, pero se le suma la estrategia insurreccional en la Araucanía y en sectores urbanos específicos donde las células de desestabilización operan y planifican permanentemente actividades terroristas.
En este escenario, si el gobierno no apela al lema del escudo patrio “Por la razón o la fuerza”, el 25 de octubre lo alcanzará con una pandemia aún en niveles altamente preocupantes y con una actividad terrorista probablemente más amenazante. En este sentido, el bien común de Chile exige implementar medidas eficaces de control y represión de la violencia y de sanción ejemplificadora de los infractores de la cuarentena.
El hacer valer el monopolio de la violencia legítima es, en consecuencia, cumplir con el deber moral de bien común y el criterio racional de aplicar medidas eficaces para vencer la violencia y el terrorismo. En este sentido, el ocupar a fuerzas especiales para el patrullaje es un buen indicio, pero que sólo vale si real y efectivamente se utilizan para cuando se requiera, de lo contrario sería un mero show, lo que la insurrección ya conoce.
Por lo tanto, no se puede seguir ejerciendo una política no razonable del dejar hacer, sino que el gobierno debe tener el valor de asumir una política más razonable y ejercerla como Dios manda.
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