Cambios más que fundados

Jorge Pizarro

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Sin ahondar en  lo impresentable de la actitud del ex General Director de Carabineros, Hermes Soto, al momento en que se le pidió la renuncia por los antecedentes que conocemos, esta crisis en la institución gatilló que nos estallara en la cara el artículo 104 de la Constitución Política de la República de Chile.

Dicho artículo nació en medio de la discusión trascendental como los cambios necesarios a la Carta Magna y que se materializaron en 2005.

En ellos, nuestra contraparte  (La Derecha) se negó a varias reformas, como la del sistema Binominal e impuso condiciones  como ésta, que fija un paso previo a la destitución inmediata de Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, y del General Director de Carabineros.

Si bien el paso por el Congreso y Contraloría General de la República es procedimental, se trata precisamente de un camino que aleja el control civil en las Fuerzas Armadas, el que debe ser expedito para cumplir su función.

Y es así como este Decreto Fundado implica que La Moneda debe expresar los fundamentos de Hecho y de Derecho de la resolución; mientras en lo político, encierra que quedan enclaves y trabas constitucionales heredadas de la dictadura. Una paradoja para este gobierno que se vio envuelto en su propia trampa.

Aquello nos da la razón en lo que impulsamos cuando como Oposición nos negamos a aprobar los fondos reservados de Carabineros, con el fin de mejorar sus procedimientos para que de manera transparente recojan los objetivos de la institución, como son la prevención y resguardo de la sociedad civil.

Por ello es tan delicado lo que se vive en estos días, una de las situaciones más graves desde el punto de vista institucional en que nuestra democracia se pone a prueba con este tipo de situaciones.

Cuando el sentido común no entiende que cuando un Presidente de la República nomina a un alto funcionario de su confianza, no pueda removerlo.  

Pues bien, la situación de Carabineros es demasiado grave como para no recoger por fin el guante respecto la imperiosa necesidad de desarrollar una política de Estado que permita reformar sus protocolos de operación para que garanticen cumplir un rol fundamental en el resguardo del orden público, pero por sobre todo en el resguardo de cada chileno.

Carabineros debe cumplir la ley y eso requiere de un acuerdo político al más alto nivel. No es una tarea de un gobierno o de la propia institución, tenemos que involucrarnos todos en un Acuerdo Nacional.

Es innegable que estos cambios deben ser hacia mejorar la formación de Carabineros, que se analice su rol y funciones. Ello debiera ir acompañado con entender que la autoridades civiles necesitan de información confiable para prevenir frente a amenazas de seguridad.

Ya conocemos los modelos en las democracias Europeas, donde se han impulsado Agencias de Inteligencias que permiten tener información respecto a cualquier potencial problema de seguridad.

Algo muy distinto a lo que ocurre con Carabineros hoy, donde las autoridades civiles están supeditadas a lo que le informa la institución y con estupor hemos comprobado que ha hecho montajes, que han mentido, que han cometido ilícitos y eso no se puede seguir permitiendo.

Esta situación no da para más y aquí no hay que equivocarse, lo principal y lo prioritario es abocarnos todos como tarea de Estado a tener una policía  que cumpla con las normas legales.

Modificar las normas que hoy rigen a la institución y hacer una redefinición del rol de Carabineros de manera que la credibilidad y la confianzas vuelva a la Institución, lo necesitamos todos.  Son Cambios claramente fundados.