Chilenos con los mismos derechos

No podemos dejar pasar este nuevo hito hacia el perfeccionamiento de la democracia, luego que se promulgara la ley que permite el voto de los chilenos en el extranjero y a tiempo para las próximas presidenciales.

Anhelo de muchísimos años, desde que retornamos a la democracia, el que los compatriotas que residen en el exterior participen de manera activa en las decisiones electorales representativas de nuestro país.

Han sido varias las batallas ganadas. Primero, contra los prejuicios; segundo, contra la intransigencia de algunos, y tercero, contra aquellos que, legítimamente, estimaban inconveniente que también tomaran decisiones electorales quienes no vivían en nuestro país, aquellos que no estaban en el día a día, lo que hacía suponer desconexión con Chile.

Razones con tintes de excusas, porque digamos las cosas como son, el prejuicio tenía mucho que ver con que la cantidad de chilenos que vivían en el extranjero producto de la dictadura era superior de un signo político respecto a otro,  lo que motivaba un perjuicio electoral.

Esa es parte de la historia de este proyecto, que ha evolucionado a medida que las condiciones y la situación fueron cambiando y avanzando, y ya no se justifica la postergación bajo aquella premisa, ni hacer diferencias entre chilenos y su derecho a opinar.

¿Quiénes son los chilenos que se encuentran fuera? Se trata de personas guiadas por razones de trabajo, estudio, culturales o sociales. Ellos ahora constituyen nuevas generaciones. El país se ha abierto al mundo.

Nuestros sectores económicos están invirtiendo en el exterior, el desarrollo de negocios hace posible el movimiento de gente que va a representarnos o a desarrollar tareas profesionales en otros ámbitos. Por ello juzgo lógico y razonable que, con uno, dos, tres, cinco años en un lugar, ese chileno pueda participar en estos procesos de política local, aunque resida fuera.

Me permito destacar del texto que el proceso eleccionario se llevará adelante de la manera tradicional y en forma similar a como se efectúa dentro del territorio nacional, buscando mantener la tradición de la materialidad del voto; es decir, se vota con papeletas, en mesas dispuestas para el efecto y con control ciudadano del proceso.

Además, las elecciones se desarrollarán el mismo día y dentro de los horarios que para cada país establezca el Consejo Directivo del Servicio Electoral.

Y se regula el cambio de domicilio. Este punto es relevante, porque insisto en el recuerdo que a partir de los años 90 existía el prejuicio de que quienes vivían afuera tenían solo una tendencia. Ello, indudablemente, ha ido cambiando de manera sustancial con la globalización.

Si bien el texto del proyecto sufrió varios ajustes, cabe agradecer el cambio de postura de algunos colegas que hasta hace algunos años se oponían tenazmente a la iniciativa, tal vez la necesidad actual de mayor participación electoral los hizo cambiar de opinión.

Cada cierto tiempo resurge el debate si el voto debe seguir siendo voluntario, mientras en los compatriotas que viven en el extranjero hemos visto la real intención de participar como un acto cívico, digno de imitar,  más allá de cualquier obligatoriedad.

Pero para llegar a esta promulgación hemos recorrido un largo trecho, convenciéndose el Parlamento de un punto tan crucial como determinar la igualdad a través del voto. Es cierto, ha sido un proceso largo, con pasos previos como la reforma constitucional efectuada por la ley N° 20.748 donde se  reconoció a los ciudadanos chilenos, que cuenten con derecho a sufragio y se encuentren en el extranjero, la posibilidad de votar desde el exterior en elecciones presidenciales, primarias presidenciales y plebiscitos nacionales.

Y vamos a tener que seguir avanzando, porque a mi juicio el ideal es que el sufragio de los chilenos que residen fuera se pueda expresar -espero que en algún momento lo logremos- en los comicios locales, regionales y parlamentarios. Porque es lo natural, no podemos dejar truncada esta evolución.

Enhorabuena, este es un momento significativo para la vida democrática de Chile, y se repone un derecho legítimo, que deberíamos haber implementado ya hace varios años. 

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