Codelco no es botín electoral

Cuando leemos que Codelco es líder mundial en ranking de gobernanza entre empresas estatales, superando a potencias mineras como Reino Unido y Australia, recordamos que esta empresa estatal, ha cumplido un papel estratégico y crucial en el desarrollo y puesta en marcha de toda la política social de los Gobiernos desde la nacionalización del cobre.

No puede explicarse el nivel de desarrollo y la posición actual de Chile en el concierto internacional, sin tener en cuenta el enorme aporte que ha hecho la cuprífera estatal a las arcas fiscales y a desarrollar el perfil minero que ostenta nuestra nación.

Por ello debemos ser cuidadosos al poner en entredicho la competitividad y productividad de la empresa. Porque no es inocuo lo que parece un  diferendo jurídico suscitado con la Contraloría General de la República. Los controles a las empresas estatales son procesos que se agradecen, para eso las instituciones funcionan, pero no pueden ser una excusa para que - como buena Oposición, o con aires populistas -  busquemos acusar un supuesto despilfarro sólo a raíz de estos procesos. Algunos parecen no darse cuenta que con ello se facilita una sombra de inestabilidad.

Debemos tener en cuenta además, que la ley de Gobierno Corporativo de Codelco ha significado un enorme avance en la modernización y actualización de su gestión operativa, en su proceso de toma de decisiones comerciales y estratégicas y en el control de costos para mantener a la empresa en el top mercado minero mundial. Un primer filtro, la herramienta más adecuada para asegurar el correcto uso de los recursos que pertenecen a todos los chilenos.

En su último directorio, el gobierno solicitó a la cuprera agotar los mecanismos administrativos para concordar con Contraloría una salida al diferendo, sin descartar la vía judicial. Más allá de esa opción, somos varios los que hubiéramos querido una señal algo más nítida y fuerte respecto de Codelco por parte del Ejecutivo y sólo resta hacer fe de que esta estrategia surta efectos en un contexto de extrema desconfianza, muchas veces injustificada.

Codelco debe administrarse de manera análoga a las empresas que son su competencia en el sector privado, por lo que no se le pueden exigir adoptar estándares de servicio público que pondrían en serio riesgo su estabilidad financiera, su desarrollo y proyección futura.

Uno de esos puntos clave tiene que ver con la plena vigencia que tiene el Código Laboral y la negociación colectiva a la hora de establecer todas las relaciones laborales en Codelco, así como la vigencia de la ley de Sociedades Anónimas, para el caso de las obligaciones que pesan sobre directores y máximos ejecutivos. ¿Qué reales intenciones hay detrás de este intento de transformar a Codelco en una enorme maquinaria burocrática en vez de una empresa moderna y ágil?

Esta ofensiva recuerda - curiosamente - aquellas intentonas que lideraron los sectores más neoliberales para privatizar la empresa. Sí, hay que hacer buen uso de los mecanismos de gestión y de los recursos de la empresa, pero sin trastocar lo que es la naturaleza jurídica y el rol que le cabe a Codelco en el desarrollo de Chile. Más aún cuando la actual administración ha hecho transformaciones inéditas en materia de gestión interna, política de proveedores, transparencia e inhabilidades.

Se ha pasado por alto que Contraloría precisó que ha pedido antecedentes a Cochilco y esta entidad ha demorado el trámite, claro, sólo se cuenta con 13 funcionarios para fiscalizar las dos mineras estatales. Si es necesario fortalecer el rol de Comisión Chilena del Cobre, por ejemplo, manos a la obra. Y por supuesto,  que el deber de las autoridades de la empresa sigue siendo administrar la compañía con celo y con eficiencia para seguir con el plan de reducción de costos, por eso no caben las trincheras políticas.

Codelco representa un pilar esencial para el desarrollo y crecimiento de nuestra economía. A veces, el tiempo de campañas hace que cualquier cosa sea usada para lograr algo de figuración y mostrarse como paladines de la rectitud; pero por favor, cuidemos la institucionalidad, que no es un botín electoral.

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Manola Robles es editora de opinión en Cooperativa.cl mrobles@cooperativa.cl
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