Colusión, injusticia y estallido social
A dos años del estallido social muchos centrarán su mirada en los daños generados al espacio público: el número de señaléticas vandalizadas, semáforos destruidos y la falta de oportunidad en precisar responsables de estos hechos; buscarán deslegitimar la crisis social que evidenció octubre de 2019.
Debemos relevar las razones que llevaron a que miles de chilenas y chilenos se volcaran a las calles con rabia y profundo malestar. A la inequidad estructural que se reproduce diariamente en nuestro país se suma la sensación de injusticia provocada por la reiterada colusión de la clase empresarial para "servirse a sí misma" a costa de las familias.
En 2012, la Corte Suprema confirmó la sentencia en contra de las farmacias Ahumada, Cruz Verde y Salcobrand por fijación ilegal de precios entre 2007 y 2008. En 2015 la justicia ratificó la condena por colusión del Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) contra Agrosuper, APA, Ariztía y Don Pollo por la colusión, durante al menos 10 años, en el precio de la venta de pollos. Este verdadero "robo a mano armada" a los chilenos fue de US$ 1.500 millones. A este cartel se suma el descubierto en 2017, cuando el TDLC condenó a la CMPC y SCA por coludirse en la asignación de cuotas de participación en el mercado de venta de papel higiénico y fijar precios entre 2000 y 2011. En 2019, el TDLC condenó a Cencosud, SMU y Walmart por concertarse para fijar precios de venta de pollos frescos entre 2011 y 2018. Por estos delitos la élite económica fue condenada a pagar millones de dólares en multas, pero ninguno de estos delincuentes de cuello y corbata ha cumplido un solo día en la cárcel. Sabemos que en Chile se encarcela la pobreza.
Ahora fue el turno del gas. El informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) concluyó que entre 2010 y 2020 el precio del gas licuado y gas natural es superior al que debería existir en un mercado competitivo. Cada año, detalló la FNE, las familias pagan en total, de manera agregada, US$ 181 millones en exceso por el gas licuado. Este combustible, utilizado en el 80% de las comunas del país, registra un sobreprecio de 15% por cada balón. Lipigas, Gasco y Abastible no debieran participar en la distribución del gas a los consumidores finales, concluyó la FNE.
La sensación de injusticia que desató el 18-0 se mantiene inalterada, cada día nos enteramos de nuevas colusiones, abusos, e inequidades de todo tipo. La prisión preventiva ha sido evidentemente desproporcionada y numerosos casos han quedado en nada. Los miles de personas agredidas, denigradas, violentadas e incluso mutiladas por los órganos del Estado, siguen en el más absoluto abandono, sin ninguna señal de acciones institucionales para evitar su reiteración, tampoco justicia ni reparación. De acuerdo con cifras recopiladas por Amnistía Internacional, provenientes desde la Fiscalía y del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), a marzo de 2021 se contabilizan más de 8.000 víctimas de presunta violencia estatal y más de 400 casos de trauma ocular.
Somos millones quienes seguimos con la esperanza intacta y la voluntad de alcanzar, de una vez por todas, los cambios que Chile necesita para transformarse en un país justo y digno para todas y todos. La Convención es una tremenda instancia. Es deber de todos y todas valorar, respaldar, proteger este espacio. No obstante, por sí sola, el resultado de su trabajo: una nueva Constitución deberá contar con autoridades, técnicos y principalmente una ciudadanía que empuje esas justas aspiraciones, vamos a construir un Chile bien diferente.
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