¿Cómo definimos nuestras prioridades país?

Patricio Young

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De seguro es una pregunta que usted también se hace cuando constata que surgen demandas nacionales, todas muy legítimas, pero que en definitiva no pueden abordarse simultáneamente ya que los recursos no alcanzan para todo.

Cuando vemos como se definió como prioridad la educación superior, que incluso mereciera una reforma tributaria, pareciera que ha estado determinado por el ruido de las demandas sociales. Sin duda alguna la educación es una prioridad para nuestra mayor equidad y desarrollo. Así se definió en el programa de la Presidenta Bachelet, donde se señaló que se establecería una gratuidad universal. Naturalmente con gradualidad, pero, en definitiva, para todos.

¿Se puso en la balanza esta necesidad frente a otras urgencias del país?

De inmediato vienen las dudas. La educación parvularia y la enseñanza media también requieren importantes recursos. Basta señalar la forma como se establece el pago de la subvención por asistencia, que a todas luces se ha mostrado como injusto e ineficaz y que obliga a los Municipios a tener que destinar importantes recursos para cubrir el déficit y que se ha prestado para todo tipo de inequidades y subterfugios.

Bueno pero ahora surge todo el drama de SENAME, de las jubilaciones, de la salud, de las cárceles, entre otras. ¿No son también prioridades y algunas dramáticas? ¿Por qué no se han considerado como tal? A ello hay que agregar todos los recursos necesarios para generar mayor productividad al país a través de innovación, única forma de seguir creciendo.

Al parecer, nuestros gobernantes están actuando reactivamente a las demandas sociales y en particular a aquellos que más impacto público tienen. En efecto, es evidente que son los estudiantes junto a los profesores los que año a año, más paros y manifestaciones públicas hacen. Tienen toda la razón para manifestarse porque nuestra educación está en condiciones muy precarias, pero otra cosa muy distinta es asumir sus demandas sin evaluarlas en el contexto global del país, y por muy legítimas que fueran, visualizar todas las necesidades y colocarlas en un real contexto de prioridades. Este es un ejercicio básico que incluso manejamos en nuestra economía familiar.

Hoy parece evidente que la demanda por una educación superior gratuita para todos es absolutamente inviable de lograr, ni en el corto ni mediano plazo, cuando surgen otras necesidades de tanta o mayor urgencia, que también demandan recursos públicos.

¿Podemos seguir pagando el 50% del costo que implica atender a un niño que está bajo la protección del SENAME? Es una tremenda responsabilidad del Estado que no se asume cabalmente y que no puede descansar en la capacidad de instituciones privadas colaboradoras de recaudar recursos de la caridad pública, para cumplir plenamente con la atención de estos niños. Esto lleva a que no pueda existir un patrón mínimo que asegure el Estado para una atención digna, cuando no entrega los dineros que corresponde y por lo mismo existe una tremenda disparidad de atención dependiendo de los recursos que cada una consiga de manera privada.

Valga al respecto un comentario. Sorprende la ignorancia de una parlamentaria que señaló con mucho desparpajo que había instituciones colaboradoras que se estaban quedando con recursos destinados a los niños para fines inmobiliarios o en definitiva de lucro. Lo mínimo que podemos pedir a un parlamentario es que se informe seriamente y no ande emitiendo juicios sin fundamentos.

Pero sigamos. Reventó también el tema de las pobres jubilaciones que está entregando el actual sistema previsional. Nuevamente se pide un aporte del Estado. Desde el punto de vista de la dignidad humana, no cabe duda que es más urgente entregar recursos para generar jubilaciones dignas que pagarle la universidad a estudiantes que pueden hacerlo directamente o con créditos blandos.La sociedad puede pedir a estos estudiantes cuyas familias están en los cuatro deciles superiores de la sociedad, que hagan este esfuerzo cuando sabemos que una vez que egresen tendrá un ingreso económico superior al promedio nacional.

En fin, conocemos la máxima que los recursos son siempre escasos y las necesidades muchas. El papel de un líder es mostrar caminos, señalar prioridades. Caer en la demagogia y atender los requerimientos de quienes más gritan, es un camino fácil de políticos irresponsables que llevarán al final al país a un despeñadero social y/o económico. Una expresión de ello, son todos quienes sostienen volver de los sistemas de reparto en las jubilaciones, cuando es sabido que, por la realidad demográfica, este sistema está en crisis en todo el mundo y está siendo reemplazado por formas mixtas.

Es cierto, hay que hacer también ajuste en los gastos y asignación de recursos públicos. Los dineros reservados del cobre, las jubilaciones de las Fuerzas Armadas, la mala administración de fondos públicos, entre tantas otras cosas, son también acciones que responsablemente el Estado debe asumir.

Sin embargo, hechos los ajustes, las prioridades deben definirse con la mayor seriedad y responsabilidad pública. Somos un país joven y no vamos a inventar la rueda. Debemos ver las experiencias internacionales en la forma como administran y asignan sus recursos, al respecto hay mucho que aprender. Pero lo que la historia nos ha enseñado, con bastante dolor, que a mayores recursos requerimos también un mayor y equitativo crecimiento. En el mundo no hay otro camino por el que se haya transitado con éxito.