Compromiso cívico de las universidades, una corriente mundial

"Por una universidad comprometida, más allá de la torre de marfil” puede parecer una de muchas consignas de las movilizaciones estudiantiles en Chile, que hemos visto a través de la TV y los medios decomunicación en las últimas semanas.

Sin embargo, corresponde al título dado al Encuentro Internacional de Universidades convocado por la red Talloires, que se realizó entre el 13 y el 16 de junio en la Universidad Autónoma de Madrid.

El encuentro tuvo como objetivos la evaluación del estado actual del compromiso cívico y de la responsabilidad social en la educación superior y compartir conocimientos y experiencias de sus miembros sobre la implementación de políticas y programas que promueven el desarrollo humano y social. Específicamente, lo que busca esta red es una de las peticiones que los estudiantes han realizado en el contexto de sus movilizaciones nacionales: vincular de una nueva manera a la universidad y la sociedad.

La Red -fundada en 2005 en un encuentro realizado en la localidad de Talloires, Francia- es un colectivo internacional de personas e instituciones comprometidas con la promoción de los roles cívicos y las responsabilidades sociales en la enseñanza superior.

La declaración de su constitución, firmada por rectores y presidentes de 29 universidades de 23 países, plantea que “La universidad tiene la responsabilidad de participar activamente en el proceso democrático y en el apoyo de los menos privilegiados.”

Y basados en ese deber las autoridades declaran: “nosotros, presidentes y rectores universitarios firmantes de esta Declaración, reafirmamos nuestra dedicación al fortalecimiento del compromiso cívico y las responsabilidades sociales de nuestras instituciones universitarias. Nos comprometemos a promover y compartir los valores humanos universales y a estrechar las relaciones de nuestras instituciones, con nuestras comunidades…”

En poco más de 5 años, han firmado la declaración de Talloires e integrado su red 218 universidades de África, Asia, Europa y Las Américas. Chile aporta con 9 universidades, siendo el país latinoamericano con más instituciones inscritas.

El año 2000 la corporación Participa, con el apoyo de la Fundación Avina, inició un visionario proyecto destinado a promover la Responsabilidad Social Universitaria (RSU).

En torno a él se constituyó la red local “Universidad Construye País”, de la cual forman parte 13 universidades, que concordaron un concepto propio de RSU y desarrollaron iniciativas para su puesta en práctica.

La novedad del concepto acuñado es que la RSU es un modo de ser universidad que se expresa en la forma como se realiza la docencia, la investigación, la extensión y la gestión.

Esto quiere decir que en cada una de esas cuatro funciones la universidad socialmente responsable organiza todo su quehacer de manera que expresen su coherencia interna y la promoción en la sociedad de los valores humanos universales.

Al conocer esta auspiciosa descripción, el lector -como el columnista- no puede más que preguntarse qué pasa con tan buenas intenciones que no parecen materializarse en la realidad, al menos en nuestro país.

Quienes nos encontramos cerca de las universidades sabemos que hay actividades y esfuerzos particulares que buscan cumplir con las orientaciones de la RSU y es de suponer que muchos de ellos constituyen valiosas experiencias que representan semillas de una nueva manera de ser universidad.

Sin embargo también sabemos que desde el interior de las universidades y desde fuera de ellas lo que se ve no son esas pequeñas semillas y que mucho más que satisfacción y admiración por su funcionamiento interno y por su rol social, lo que se escucha son más críticas y sospechas por la lejanía entre las declaraciones de intención y lo que resulta, que se juzga como lo real.

Y hay que destacar que la crítica y frustración son transversales a los distintos estamentos.

Una evidencia de esto es la coincidencia y el apoyo de autoridades y académicos a las posturas estudiantiles en la actual ola de protestas, llegando incluso a participar en sus movilizaciones.

La respuesta que surge es que las universidades no se mandan solas. Su manera de ser universidad no depende solo de las misiones fundacionales, de sus definiciones actualizadas ni de la voluntad de sus integrantes, sino que está fuertemente condicionada por las orientaciones de la política educacional, más acotadamente por las políticas sobre educación superior y finalmente por los marcos regulatorios que determinan lo que se puede y no se puede hacer en la gestión universitaria.

Llegamos así a explicarnos el fenómeno que constatamos en un importante grupo de universidades chilenas: las universidades han elaborado un discurso que declara y describe querer ser diferentes, pero su realidad es frustrante respecto del deseo.

Ante esa realidad la comunidad universitaria coincide en el diagnóstico de que el divorcio entre el deseo y la realidad tiene una base de explicación en las dificultades que les impone el marco político educacional en el que se mueven las universidades, lo que debe enfrentarse haciendo presión para la modificación de dichas políticas.

Por eso, dada la actual coyuntura chilena la responsabilidad social de las universidades tiene como piedra angular asumir el “compromiso cívico” -declarado en la fundación de la red Talloires- de enfrentar la institucionalidad educacional y trabajar por su transformación.

A mi modo de ver los elementos claves de la política de educación superior que hay que revisar son tres: las políticas de constitución y acreditación de las instituciones de educación superior y sus carreras, de modo que se asegure la calidad de la educación que ofrecen; las políticas de financiamiento y control de gestión, de modo que se dispongan recursos para las funciones propias de una universidad y se controle que los recursos se invierten en la educación y no se desvían a otros negocios; y las políticas de selección y mantención de sus estudiantes, de modo que se garantice la igualdad de oportunidades de estudios superiores según los talentos y sin discriminación.

Se trata pues de generar una institucionalidad educacional que favorezca a las universidades responder a su misión global de aportar a un mundo donde “se promuevan y compartan los valores humanos universales”.