Desconfianza y democracia

Andrés Rojo

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Con motivo de presentarse el proyecto de ley que busca reformar la educación superior, que en estricto rigor parece referirse sólo a la educación universitaria, vuelven a asomar las críticas respecto a la forma en que se originó la iniciativa y la manera en que será discutida, apuntando principalmente a una falta de participación de los estudiantes y de las propias universidades.

Al respecto es conveniente hacer un par de precisiones respecto a la forma en que se discuten las leyes, principalmente con el fin de evitar expectativas desmedidas. En primer lugar, si bien tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen la facultad de proponer proyectos de ley, cuando se trata de iniciativas que significan un gasto para el Fisco, sólo el Ejecutivo puede proponer las leyes, como ocurre en el caso de la reforma a la educación superior.

Naturalmente, puede o no pedir opiniones antes de redactar el texto de un proyecto, pero no tiene ninguna obligación de atender las posiciones de nadie, ni legal ni constitucional.  

Por su parte, el Congreso Nacional, una vez abocado a debatir un proyecto determinado, puede escuchar las opiniones de los distintos actores sociales.   El Parlamento está facultado para citar a autoridades de gobierno y para “invitar” a exponer a quienes no lo sean.  Las personas naturales y las organizaciones sociales pueden pedir ser invitadas, pero el Congreso no tiene la obligación de aceptar esas peticiones y en este asunto sólo prima el sentido común y la racionalidad política, pero son muchos los proyectos en los que no participa nadie fuera de los parlamentarios.

Una vez estudiado el tema, lo vota en general y particular la primera rama del Legislativo, Senado o Cámara de Diputados, (votación en general significa el acuerdo para legislar sobre determinado tema, votación en particular es el pronunciamiento sobre el texto en sí.)   Tras esta primera votación, el proyecto es discutido y votado por la otra cámara.  

Si no hay acuerdo, se forma una Comisión Mixta integrada por igual número de senadores y diputados en la que ya definitivamente no participa nadie más. Esta Comisión Mixta propone un texto que permita resolver las diferencias y que es nuevamente votado por Senado y Cámara de Diputados.

Aprobado el proyecto, se remite al Ejecutivo para que lo promulgue, acto con el que el texto se convierte definitivamente en ley y debe ser acatado por todas las personas. Si al Ejecutivo no le agrada el proyecto puede ejercer su derecho a veto para agregar o quitar diversos aspectos o para reemplazarlo y se repite el mismo proceso anterior.

La participación de la gente común se produce sólo al comienzo del proceso y en ningún momento son los ciudadanos los que pueden decidir el contenido de un proyecto.   Pueden presionar con actos públicos, pero los parlamentarios son libres de hacer lo que les parece, y esa libertad viene del momento en que fueron electos para actuar como representantes de todas las personas. Por eso este modelo de democracia lleva el apellido de “representativa”.

Es entonces es el momento en el que se convoca a todos los ciudadanos con derecho a votar a sufragar, que se debe saber de qué forma actuará cada autoridad. Por eso se habla de voto informado. Una vez electos Presidente, senadores y diputados, ellos actúan en nuestro nombre, sin ninguna obligación de acatar lo que podamos querer, muchos o pocos de nosotros.  

Evidentemente al momento en que vuelvan a pedir el voto, se lo podemos negar si no estamos satisfechos con la forma en que han actuado, pero eso es al término de su mandato y no durante su ejercicio.

Esa es la importancia de los plebiscitos, porque con estos es la ciudadanía la que decide sobre los temas controversiales o incluso sobre la continuidad de las autoridades ya electas, pero la Constitución actual sólo considera el plebiscito cuando el Presidente y el Congreso no están de acuerdo en un proyecto de ley determinado y el único que puede convocarlo es el Presidente de la República.  

Las reglas están ya definidas y de nada sirven las desconfianzas una vez electas las autoridades llamadas a representarnos.