El 10%, es el nuevo “$30 pesos”
No son 30 pesos, son 30 años. Es una de las frases más comunes que escuchamos y leemos desde el 18 de octubre del año pasado. Se dice que las protestas desde ese día tuvieron como principal motivo el aumento en $30 del valor del transporte público, y parecía ser el motor principal de la movilización.
Significaba la carga de una sociedad que se consideraba postergada desde el retorno a la democracia, un total alejamiento con las políticas públicas diseñadas por sus gobernantes.
Hoy, meses después, se gesta otro malestar social, pero ahora el gatillante es el debate sobre el retiro del 10% de los fondos de las AFP.
Sin embargo, y a contrapelo de muchos análisis de expertos, ésta es considerada una idea regresiva e inequitativa, entonces ¿por qué una idea, que a todas luces tiene consecuencias negativas para las personas, se transforma en motivo y motor de una molestia colectiva? Acá algunas ideas.
En primer lugar, la molestia tiene como variable influyente las políticas diseñadas para paliar la crisis económica derivada del COVID19. El discurso del Gobierno ha sido que existen escasos recursos y estos deben ser gastados eficientemente, todo además influenciado por las consecuencias del 18 de octubre y por un ambiente internacional que ya venía deprimido.
Por tanto, se rediseñó el llamado IFE, en dos versiones, y hasta hace 10 días no existía un plan para la denominada clase media, uno de los grupos más apelados por el propio presidente.
Este último plan tuvo importantes críticas desde su presentación, siendo rediseñado nuevamente en este corto periodo, pero presentó nuevamente vacíos como los tramos de focalización, dejando un grupo importante fuera de cualquier beneficio.
En segundo lugar, los postergados proyectos desde marzo, que se presentaron como respuestas a las demandas de octubre. Este fenómeno se agudizó de manera relevante debido a tres variables: la primera es la demora en las iniciativas presentadas por el Ejecutivo; la segunda, por las múltiples iniciativas por parte de congresistas de carácter inadmisible y que generan sobre expectativas y la tercera, la falta de espíritu de diálogo entre los distintos sectores.
En tercer lugar, existe un sector privado que, en un inicio con el 18 de octubre, tuvo una participación importante en el diseño de una nueva forma de relacionarse con la ciudadanía, sin embargo, poco a poco esta actitud comenzó a diluirse para tomar una posición de trinchera.
Con todo, el COVID19 si bien se ha tomado la agenda por muchas semanas, no logró marginar el clima de tensión social que viene acarreándose desde el año pasado.
La postergación y la agudización de los temas derivados de la crisis económica, han hecho que a medida que dejemos los peak de contagios resurjan las protestas.
De la mano de eso, existen grupos que se han atrevido a proponer la postergación del Plebiscito y buscar soluciones alternativas para la redacción de una posible nueva Constitución, incrementando aún más el escepticismo entre la ciudadanía.
Este en conjunto a la potencial Convención, constituyente o mixta, son los únicos caminos para lograr vías de descomprimir el contexto actual.
El malestar social va más allá de $30 o 10%, es el sentimiento de marginalidad por años, y la clase política, empresarial y hasta la propia ciudadanía, deben entender y canalizar esto, marginando posiciones extremas y populistas del debate.
Hoy los liderazgos no cumplen este rol, y la ciudadanía es presa de ideas con escaso sustento técnico, pero es también por la escasez de propuestas que le resulten atractivas. La pandemia solo hizo aplazar algo que parece inevitable.
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