El cobro de Kast
El desembarco de José Antonio Kast en la campaña electoral de Piñera en la segunda vuelta presidencial, enciende una alarma frente a discursos que significan un retroceso en el ejercicio de derechos (especialmente de las mujeres), la incorporación velada de las preocupaciones de la “familia militar”, el debilitamiento del ala liberal de la derecha representada en el comando por su sobrino Felipe Kast y, en suma, la representación de ideas de derecha extrema que creíamos erradicadas del escenario político chileno.
Su incorporación al comando de Piñera fue coronada por una cuestionable estrategia comunicacional que busca instalar impresentables e infundados rumores de un posible fraude electoral en el ballotage del 17 de diciembre próximo, cuestionando el sistema electoral chileno y la tradición de impecable y rápida acción del Servel (organismo autónomo) en el conteo y entrega de resultados de las votaciones.
La necesaria labor de los apoderados de mesa que representan a los distintos sectores que compiten en una elección, fueron presentados por Kast como un bastión de defensa de su sector, ante la amenaza de robo de votos, cuestión que cuestiona la legitimidad democrática de nuestro país.
Si de algo se puede preciar el sistema electoral chileno, es de la transparencia y cumplimiento de resguardos, chequeos y contrachequeos para asegurar la legalidad de los procesos eleccionarios.
En caso de que eventualmente ocurriera un hecho aislado que mereciera dudas, actúa la justicia electoral recepcionando el reclamo a través del Tribunal Calificador de Elecciones, cuyo funcionamiento está regulado por una Ley Orgánica Constitucional e incluye entre sus integrantes cuatro ministros de la Corte Suprema y un ex Presidente o Vicepresidente del Senado o la Cámara de Diputados. Dicha estructura se descentraliza en los Tribunales Electorales Regionales, que están integrados, entre otros, por un ministro de la Corte de Apelaciones.
Por ello, los dichos del diputado que antes militó en la UDI y que sorpresivamente logró inscribirse como precandidato presidencial, cuestionan la tradición democrática y electoral chilena, con el único ánimo de instalar peligrosamente la desconfianza en el proceso eleccionario de un electorado que ya se restó de la primera vuelta electoral con un 54% de abstención, en castigo a la clase política y a las instituciones.
El sesgo de clase del voto voluntario ha hecho que, justamente, quienes se restan de ejercer su derecho a voto son los sectores populares, mientras dicho ejercicio se cumple en mayor proporción en los sectores socioeconómicos más acomodados y con mayores recursos culturales.
De allí el peligro del discurso de Kast que, disciplinado como es, saldrá a la calle a hacer puerta a puerta especialmente ahí donde la UDI hasta hace poco tenía su bastión (sectores populares donde se trató de instalar el concepto de “centro social”), decidido a instalar la sospecha en el sistema, además de un discurso abiertamente discriminador, que representa un retroceso en los valores democráticos y republicanos.
En su campaña electoral, el precandidato de la extrema derecha que alcanzó un sorpresivo 7,9% en la primera vuelta, se mostró a favor de derogar la recientemente aprobada ley de aborto en tres causales, que es apenas un piso mínimo en el camino de la autonomía y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Apeló al voto evangélico, al cual considera crucial para “reconstruir la identidad moral de nuestras instituciones” y al que le ofreció eliminar toda “ideología de género” en políticas públicas en materia educacional y de salud.
Incluso, en sus 50 Compromisos con el Mundo Cristiano propuso un incentivo a los valores de esas iglesias en las políticas públicas, otorgando un puntaje adicional por compromiso con éstos en licitaciones de suministros y prestación de servicios. Y eso que la iglesia se separó del Estado con la Constitución de 1925.
El defensor de la “obra” de la dictadura militar (que consideró que si Pinochet estuviera vivo habría votado por él) y representante de la llamada “familia militar”, en su programa de gobierno propuso aumentar el presupuesto militar, revisando los límites del uso del fondo creado por la Ley Reservada del Cobre, justamente en el sentido contrario del debate reciente que cuestiona el 10% de las ventas de Codelco a las Fuerzas Armadas.
Aunque el candidato conservador le entregó rápidamente y sin aparentes condiciones su voto a Sebastián Piñera apenas conocidos los resultados de la primera vuelta electoral, cuestión que fue resentida por los militares en retiro y por los habitantes de la cárcel de Punta Peuco, seguro que ahora que se integra al comando para el ballotage encontrará en el puerta a puerta, la campaña y la franja electoral, el momento preciso para cobrar su apoyo y sacar prebendas del 7,9% de los votos que sorpresivamente alcanzó.
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