El desafío del Gobierno frente a la crisis migratoria

Mediados de mes y el Presidente Boric retomó su gira en la frontera norte del país, en la Región de Tarapacá, y para ser más preciso en Colchane, lugar que se ha configurado como la principal puerta de entrada de la migración irregular. Si bien la atención se ha centrado en el control de la frontera, hoy se requiere una respuesta desde una perspectiva integral a la crisis migratoria de la magnitud del fenómeno que hoy vive nuestro país.

Hoy, a diferencia de otras décadas, América del Sur enfrenta un fenómeno migratorio creciente, expresado en el éxodo intrarregional de cientos de personas en contexto de movilidad humana a causa de las crisis sociopolíticas en diversos países de la región.

En el caso de nuestro país, porque la historia no ha sido siempre igual, a fines de los años '90 experimentó un novedoso evento -pasar de ser un país expulsor, a uno al cual ingresa población- desde la llegada de migrantes peruanos, atraídos por el proceso de democratización vinculado al fin de la dictadura, la fase de estabilidad política y el importante crecimiento económico que vivía Chile.

Desde aquel evento, en nuestro territorio comienza un constante y acumulado crecimiento de población inmigrante, el cual se acrecienta entre los años 2010-2015 e incluso se convierte en el más alto de la región (con una tasa anual de 4,9%), la cual se agudiza a partir de los años venideros con la crisis que sufren países como Haití y Venezuela, y con nuestro país con la ley de migración más antigua de la región, la cual recién en abril del año 2021 se actualiza por la nueva Ley de Migración y Extranjería N° 21.325. Sin embargo, aun en la incertidumbre en torno a cómo se va a procedimental en la ausencia de objetivos, titulares y en la práctica.

En este escenario, en los últimos cinco años han ingresado por pasos no habilitado 141.667 personas, principalmente venezolanas, que han transitado en ruta desde su país de origen pasando por Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia hasta ingresar a Chile, en el mejor de los casos, la travesía demora un poco más de un mes. Esta situación está marcada por la conjunción de factores, principalmente en las consecuencias sociales de la violencia estructural y las carencias económicas que sufrieron en sus países de origen, generando una migración con alta vulnerabilidad y peligro, forzando el uso no adecuado del espacio público y que obligó al gobierno a generar medidas humanitarias.

Es así que, en la línea que aumentaba el ingreso de personas inmigrantes en condición irregular, el Estado aposto por generar mayor inversión en políticas focalizas como es el caso del Programa Noche Digna, relocalizando el público objetivo y aumentando de $7.137MM a $23.760MM el presupuesto en cincos años.

Junto con sacar a las personas en situación de calle, para luego derivar a albergues y residencias familiares focalizo la intervención en familias venezolanas, a partir de la intervención en el Eje Alameda-Providencia, enrolando a quienes se encuentran en una situación irregular y que ingresan a los dispositivos y otorgando RUN provisorio no cedulable (art. 44) e insertando en la oferta pública de salud y educación, acompañamiento socio laboral, junto con asistir con alimentación e higiene para promover la autonomía progresiva de los beneficiarios/as, para que logren independencia y no dependan de la ayuda gubernamental.

A través de estas acciones, se busca enfrentar -en palabras de la delegada presidencial de la RM- un problema humanitario ineludible a través de una oferta programática para que las familias inmigrantes logren reactivarse en la sociedad, en resumidas cuentas, una alternativa ante la ausencia de oferta programática para un fenómeno el cual no tuvo una respuesta por parte del Estado por más de una década, pero que sin embargo queda por avanzar y asegurar la integración adecuada de familias en contextos de movilidad humana, tales como el acceso adecuado al mundo del trabajo, la posibilidad de obtener RSH para beneficios de subsidios y programas sociales como ejes orientadores con el objetivo de que aquellas familias no sufran una doble vulneración al ser egresados de tales dispositivos y nuevamente vuelvan a los rucos y carpas que le dieron la bienvenida al país.

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